La muerte de un bebé en el vientre de su madre en el hospital distrital de Presidente Franco, ocurrida la semana pasada, expuso de forma brutal las falencias del sistema sanitario regional y dejó al descubierto la irresponsabilidad criminal de sus autoridades. En una conferencia de prensa brindada ayer, la Dra. Noelia Torres, directora de la Décima Región Sanitaria, intentó justificar sobre el grave caso de la ausencia del anestesiólogo Jorge Ortiz, quien debía asistir en la cesárea que pudo haber salvado la vida del bebé. Lejos de brindar respuestas claras, Torres ofreció una serie de explicaciones confusas, descargando la responsabilidad sobre el gerente técnico de la Fundación Tesãi, Dr. Arístides Cañete —un operador político del clan Zacarías con una gestión altamente cuestionada—, quien fue advertido reiteradas veces sobre las ausencias del profesional y, pese a ello, no tomó ninguna medida hasta que la tragedia se consumó.
La reciente muerte de un bebé en el vientre materno en el hospital distrital de Presidente Franco, a raíz de la ausencia de un anestesiólogo, destapó una cadena de negligencias, omisiones y complicidades que hoy enlutan a una familia y dejan al desnudo el desgobierno sanitario en el Alto Paraná. El hecho ocurrió la semana pasada y la presión pública obligó a las autoridades a brindar explicaciones. Sin embargo, en conferencia de prensa ofrecida ayer, la directora de la Décima Región Sanitaria, Dra. Noelia Torres, lejos de ofrecer respuestas contundentes, se limitó a emitir declaraciones confusas, llenas de evasivas, y a deslindar responsabilidades sobre lo sucedido.
El centro de las críticas apunta al Dr. Arístides Cañete, actual gerente técnico de la Fundación Tesãi, conocido operador político del clan Zacarías, quien habría accedido al cargo mediante influencia partidaria y cuya gestión, hoy más que nunca, se encuentra bajo fuerte cuestionamiento. Cañete habría recibido múltiples informes sobre el comportamiento reiteradamente irresponsable del anestesiólogo Jorge Ortiz, contratado por Tesãi, pero no tomó medida alguna hasta que ocurrió la tragedia.
Ortiz es sindicado como un profesional planillero, con antecedentes de ausencias constantes, llegadas tardías o salidas anticipadas durante sus turnos, afectando gravemente el normal desarrollo de cirugías, tanto programadas como de urgencia. Pese a ello, ni Cañete ni Torres actuaron con la urgencia que la situación ameritaba.
La directora del hospital de Presidente Franco, Dra. Martha Sosa, había advertido formalmente sobre esta peligrosa situación. El 18 de marzo, dirigió una nota a Cañete advirtiendo sobre las reiteradas ausencias de Ortiz y solicitando correctivos. Días después, el 27 de marzo, volvió a insistir, esta vez pidiendo directamente la rescisión del contrato del anestesiólogo. Pero sus advertencias fueron criminalmente ignoradas.
Ante la inacción de Tesãi, el 31 de marzo, la Dra. Sosa elevó su preocupación a la directora regional Noelia Torres, acompañando su nota con informes internos y una transcripción de la entrevista realizada al médico. Pese a la gravedad del caso y a que la propia Sosa advertía que la situación “podría costar la vida de varias personas”, como finalmente ocurrió, ni Cañete ni Torres actuaron con celeridad.
Lo más indignante es que, en lugar de sancionar a los responsables de cajonear los informes y de permitir que un médico negligente siga poniendo en riesgo vidas, el Ministerio de Salud terminó destituyendo a la Dra. Martha Sosa, quien cumplió con su deber al denunciar la situación. En otras palabras, se castigó a quien alertó del problema y se protegió a los verdaderos responsables.
Durante la rueda de prensa, Torres fue cuestionada sobre la tardía reacción. Reconoció haberse enterado de la situación recién el 31 de marzo y afirmó que “la nota debía ser más específica”, pese a que el informe de la Dra. Sosa era claro en cuanto al peligro que representaba Ortiz. A su vez, afirmó que la Décima Región no podía intervenir directamente porque la contratación dependía de la Fundación Tesãi. Una respuesta que dejó aún más dudas sobre la cadena de mando y los protocolos de actuación ante emergencias.
Los hechos son claros y los documentos lo confirman: hubo advertencias formales, omisión deliberada por parte de autoridades que debieron actuar, y una muerte que pudo evitarse. La permanencia del Dr. Arístides Cañete en un cargo tan sensible, tras semejante negligencia, constituye una burla al dolor de la familia afectada y a toda la ciudadanía. Su vínculo con el clan Zacarías y su blindaje político no pueden seguir sirviendo de escudo para sostener a un funcionario que falló en su responsabilidad más básica: proteger vidas humanas.
