Ciudad del Este está atravesando una situación sumamente preocupante que merece la atención inmediata de toda la sociedad: el alarmante aumento de casos de maltrato y abuso sexual infantil y adolescente. En apenas los primeros meses de este 2025, los registros de la Codeni local revelan un incremento superior al 50% con relación al mismo periodo del año anterior. Esta cifra, por sí sola, ya es motivo de alarma. Pero lo más aterrador es que detrás de cada número hay un niño, una niña, un adolescente, víctima de atrocidades que deberían encender todas las alertas institucionales y sociales.
La violencia contra la niñez y adolescencia adopta diversas formas: castigos físicos crueles, maltrato psicológico, negligencia extrema y, lo que es aún más desgarrador, abuso sexual perpetrado por quienes deberían protegerles. Padres, padrastros, tíos, primos, vecinos: los agresores no son figuras desconocidas que acechan desde la oscuridad, sino personas del entorno íntimo. En muchos casos, incluso, las madres de las víctimas eligen mirar hacia otro lado, negando la versión de sus propios hijos y perpetuando el ciclo de impunidad y sufrimiento.
Desde la Codeni se informa que al mes se atienden más de 100 casos en la capital departamental. Es decir, más de tres por día. La mayoría de las situaciones son derivadas a la Fiscalía, pues implican delitos graves. Sin embargo, ¿cuántos casos más permanecen en silencio? ¿Cuántos niños callan por miedo, por vergüenza o por la amenaza directa de sus agresores? La cifra real probablemente sea mucho mayor, y eso debería estremecer a las autoridades y a toda la ciudadanía.
Una vez más, el sistema educativo se convierte en una barrera de contención. Son los docentes quienes, al ganar la confianza de sus alumnos, detectan y denuncian estas situaciones. Muchos niños y adolescentes no encuentran en sus hogares ni seguridad ni afecto, y es en la escuela donde reciben el único trato digno, el único espacio de escucha. Esto habla tanto del rol fundamental de los educadores como del fracaso de muchas familias y del Estado en garantizar derechos básicos.
Si bien la Codeni realiza esfuerzos destacables —con espacios de protección infantil, asistencia psicológica y programas recreativos—, estos recursos son limitados y no alcanzan para frenar una problemática de dimensiones tan graves. La lucha contra el maltrato infantil no puede depender solo de voluntades aisladas o programas puntuales. Se necesita una política pública articulada, interinstitucional, con presupuesto, seguimiento y, sobre todo, voluntad política real.
Es inadmisible que en pleno siglo XXI, en una ciudad con todos los avances tecnológicos posibles, con instituciones establecidas y organismos especializados, nuestros niños sigan siendo víctimas de abusos monstruosos. Que todavía existan casos donde un niño de apenas 3 años sea corregido con quemaduras de cigarrillo en la espalda, como si su cuerpo no mereciera respeto, es prueba del nivel de descomposición moral y social que nos amenaza.
El Estado no puede limitarse a actuar después de los hechos. Necesitamos una política de prevención firme, con campañas educativas, atención primaria en salud mental, acompañamiento a familias en riesgo, capacitación permanente a docentes y agentes públicos. Además, debe fortalecerse la respuesta judicial, garantizando que los responsables de estos crímenes no queden impunes. El agresor debe ser castigado con todo el peso de la ley. No hay excusas posibles cuando se trata de vulnerar la inocencia de un niño.
La infancia es el cimiento de toda sociedad. Si permitimos que se destruya, estamos hipotecando el futuro. Y ya no se trata solo de estadísticas: hablamos de niños y niñas que cargan con traumas que marcarán su vida para siempre, que crecerán desconfiando del mundo, sin autoestima, sin oportunidades, sin sueños.
Por eso, este no puede ser un tema más. No puede ser una noticia que pasa de largo. Necesitamos que las autoridades de todos los niveles, desde el Gobierno Central hasta las municipalidades, pongan en marcha mecanismos eficientes y sostenidos de protección a la niñez y adolescencia. Y necesitamos también que la sociedad asuma su parte: denunciar, no ser cómplice, no justificar, no callar.
