El suboficial ayudante Francisco Javier Samudio Riveros (21) arrastra un historial criminal que sorprende hasta a sus propios camaradas, pero, increíblemente, sigue en el cuadro activo de la Policía Nacional. A pesar de estar vinculado con graves hechos, como persecución armada, golpiza mortal, tortura y extorsión, el joven uniformado continúa portando su credencial policial como si nada, lo que refuerza las sospechas de que goza de protección desde las altas esferas. Mientras la impunidad se perpetúa, la credibilidad de las fuerzas del orden seguirá en picada.
En febrero de 2024, la figura del suboficial ayudante Francisco Javier Samudio Riveros saltó por primera vez al tapete mediático tras ser detenido en flagrancia junto a un presunto microtraficante. Ambos protagonizaron una temeraria persecución policial sobre la avenida Monseñor Rodríguez de Ciudad del Este, a bordo de una motocicleta sin chapa. Samudio, quien se encontraba de franco, portaba su credencial policial y una réplica de arma de fuego. Su acompañante, Lucas Daniel Ovelar Franco (21), alias “Luca’i”, contaba con antecedentes por violación de la Ley 1.340 (narcotráfico). La presunción era clara: salieron con intenciones delictivas, posiblemente para perpetrar asaltos.
Pese a la gravedad del episodio, ambos fueron rápidamente liberados y el uniformado fue restituido a sus funciones, lo que encendió las alarmas sobre un esquema de protección institucional que lo blinda frente a cualquier proceso penal.
MORTAL GOLPIZA
El 23 de febrero de 2025, el suboficial Francisco Javier Samudio Riveros y su compinche de siempre, Lucas Daniel Ovelar Franco, fueron señalados como autores de una brutal golpiza que derivó en la muerte de un presunto adicto a las drogas, identificado como Juan Ramón González Vásquez. La víctima fue golpeada salvajemente con un palo por la deuda de una dosis no pagada, y mruió tras agonizar casi un mes en el Hospital de Traumas de Asunción.
Testigos afirmaron que ambos huyeron del lugar a bordo de un automóvil Toyota Axio, de color plata con matrícula CEZ 827. En este crimen, los implicados contaron con la presunta complicidad de la comisaría 2ª del barrio Ciudad Nueva, cuyos agentes habrían manipulado el informe oficial para hacer parecer que la muerte fue producto de un accidente, cuando en realidad fue un asesinato motivado por cuestiones ligadas al microtráfico. La víctima no tenía familiares ni conocidos, lo que jugó a favor de los victimarios, ya que nadie se presentó a exigir justicia.
TORTURA Y EXTORSIÓN
Pero el prontuario del suboficial Samudio no termina allí. El 31 de marzo pasado, junto a otros dos camaradas de la institución, volvió a ser protagonista de un aberrante hecho que incluyó privación ilegítima de libertad, extorsión y tortura. El caso tuvo como víctima a Brígido Agustín Benítez Duarte (38), quien cayó en una trampa tras haber sido atraído por un perfil falso de una supuesta mujer en Facebook.
Al llegar al punto de encuentro, Benítez Duarte fue interceptado por los tres policías, quienes lo trasladaron al puesto policial nº 15 del km 12 Acaray. Allí, según la denuncia, le plantaron droga en la mochila y comenzaron a extorsionar a sus familiares. La primera exigencia fue de G. 10.000.000 a cambio de su liberación, suma que finalmente bajó a G. 2.000.000, que fue entregada para evitar que el hombre sea procesado por tráfico de drogas. Durante su detención irregular, la víctima también fue torturada por los agentes.
Los cómplices de Samudio en esta operación fueron identificados como el suboficial Alan Alvarenga, con servicio en el puesto 15 del km 12 Acaray, y el suboficial Juan Gabriel Martínez, destinado en una subcomisaría de Gleba 11. Dos de ellos se encontraban de franco, pero actuaron uniformados para cometer el delito, lo que evidencia una organización delictiva dentro mismo de la institución policial.
El Ministerio Público tomó conocimiento del hecho y el fiscal Osvaldo Zaracho y el representante de la sociedad derivaron el caso a la unidad especializada en derechos humanos, un despacho que «investiga» casos similares, pero los involucrados nunca son condenados.
Los antecedentes acumulados por Francisco Javier Samudio Riveros lo ubican como una de las figuras más cuestionadas dentro de la Policía Nacional. Sin embargo, nunca fue apartado de sus funciones, lo que refuerza las sospechas de que cuenta con un respaldo poderoso que le garantiza impunidad a pesar de los hechos delictivos reiterados.
La situación pone en evidencia una de las falencias más profundas del sistema de seguridad: la impunidad interna. Mientras ciudadanos comunes son procesados por faltas menores, un uniformado acusado de asesinato, extorsión y tortura sigue en funciones, armado y con poder de autoridad, protegido por el silencio cómplice de sus superiores y por la desidia del Ministerio Público
