La reciente fuga de siete peligrosos reclusos de la penitenciaría de «máxima seguridad» de Minga Guazú no puede quedar impune ni convertirse en una anécdota más en la larga lista de escándalos penitenciarios que golpean a nuestro país. Lo ocurrido el pasado 26 de marzo debe ser tomado con la máxima seriedad, porque pone al desnudo no solo las fallas estructurales de nuestro sistema carcelario, sino también los posibles niveles de complicidad que existen dentro de la propia estructura del Estado.
No se trató de una simple evasión. Fue una operación meticulosamente planeada, donde los reclusos contaron con información precisa y movimientos sincronizados, propios de alguien que conoce los puntos ciegos del sistema. Y si los conocían, es porque alguien desde adentro los proveyó. Hoy, dos altos funcionarios penitenciarios están en la mira del Ministerio Público, lo cual indica que el hilo de la corrupción en este caso no se corta por lo más delgado. La investigación debe llegar hasta las últimas consecuencias, sin importar el rango, el uniforme o las influencias. Caiga quien caiga.
El Ministerio Público debe actuar con celeridad, pero también con profundidad. Las pericias del monitoreo del penal, las declaraciones de al menos 50 personas y los antecedentes de los imputados son elementos claves que deben ser analizados con rigurosidad. No se trata solo de castigar a cinco guardiacárceles. La pregunta de fondo es: ¿Quién dio la orden? ¿Quién facilitó las condiciones para que siete delincuentes peligrosos, algunos con vínculos con el crimen organizado y otros con frondosos antecedentes penales, lograran fugarse como si salieran por la puerta principal?
Pero tan importante como la investigación, es la recaptura inmediata de los fugados. Es inaceptable que, tras más de una semana, la mayoría de los evadidos sigan prófugos. El país entero debería estar en alerta. No estamos hablando de simples rateros. Se trata de criminales con un altísimo perfil de peligrosidad, capaces de reorganizarse para cometer nuevos delitos, en Paraguay o en el Brasil. Algunos de ellos ya han sido vinculados con bandas violentas, lo que agrava aún más el nivel de amenaza que representan para la ciudadanía.
La ciudadanía está harta de la impunidad, del «siga nomás» y de las promesas vacías. Está cansada de ver cómo las cárceles se convierten en oficinas del crimen, en lugar de centros de reinserción. Está indignada porque, una vez más, se pone en evidencia que ni siquiera en un penal de «máxima seguridad» se puede confiar.
Por eso, exigimos al Ministerio Público, al Ministerio de Justicia y a las fuerzas de seguridad que actúen con firmeza, sin proteger a nadie y con total compromiso por la seguridad nacional. No se puede mirar para otro lado. No se puede encubrir a cómplices, ni justificar negligencias.
El Estado paraguayo tiene hoy la oportunidad de dar un mensaje claro a la sociedad: que ningún funcionario corrupto está por encima de la ley y que ningún criminal puede escapar de la justicia.Lo contrario sería ceder nuevamente al desgobierno, a la desidia y a la impunidad. Y eso, nuestro país ya no puede permitirse.
