La causa abierta ante la unidad ordinaria, a cargo del fiscal Osvaldo Zaracho, será remitida a una unidad especializada en DD.HH. de la capital para su diligenciamiento. La representación pública señaló que la tipificación de tortura hecha por el denunciante puso a Zaracho en la línea de remitir la causa, una vez completadas las diligencias preliminares. Históricamente, los casos ya enviados no fueron investigados.
El caso tomó estado público cuando la víctima, Brígido Agustín Benítez Duarte, de 38 años, compareció a la mesa de entrada de la fiscalía de CDE para formalizar una denuncia contra tres agentes policiales, que utilizando uniformes, le plantaron supuestas evidencias para luego llevarlo al calabozo del puesto policial nº 15, para iniciar una extorsión a sus familiares, a quienes pidieron G. 10.000.000 para dejarlo libre.
Pasadas las horas, el monto se redujo a cuatro y, finalmente, los familiares de Benítez Duarte entregaron G. 2.000.000 para liberar al “preso”.
EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN
La unidad especializada en derechos humanos de la Fiscalía General es la menos activa dentro de la institución y nunca se supo de castigos ejemplares a funcionarios públicos que abusan en el ejercicio de sus funciones, como es el caso que afecta a esta causa. Existen causas abiertas en el año 2020, cuando en plena pandemia de Covid-19, personal naval torturó y hasta asesinó personas, sin castigo penal hasta la fecha. Muchas de ellas incluso fueron declaradas extintas por los juzgados de garantías.
Ayer, el fiscal Zaracho confirmó la existencia del caso y, entre las diligencias principales, escuchó la ratificatoria del denunciante, quien logró individualizar a los tres agentes policiales, dos de los cuales se encontraban fuera de servicio al momento de ocurridos los hechos. Se trata de los suboficiales Alan Alvarenga, con servicio en el puesto 15 del km 12 Acaray; Juan Gabriel Martínez, de Gleba 11, y Javier Riveros, de la Agrupación Especializada, según la ratificatoria de la víctima.
Los dos primeros citados estaban de franco, pero uniformados para conformar la verdadera asociación criminal policial para cometer crímenes que, mediante la inacción de la Fiscalía, siempre quedan impunes. Este caso apunta nuevamente al tradicional “oparei”, por la desidia fiscal para impulsar las causas y castigarlas penalmente.
