Luego de una larga espera, el Ministerio Público finalmente formuló acusación y requirió la elevación a juicio oral y público en la causa que involucra a Gaspar Reinaldo Sánchez Canale, exfuncionario de la Gobernación del Alto Paraná, acusado de acoso sexual contra una trabajadora de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS). La fiscal Estela Mary Ramírez, de la unidad especializada en la lucha contra la violencia familiar, presentó la acusación ante el juzgado penal de garantías nº 3 de Ciudad del Este.
El caso estuvo marcado por maniobras dilatorias del acusado, quien durante tres años recurrió a diversas chicanas legales para evitar su imputación, la cual finalmente se concretó en diciembre del año pasado. El Ministerio Público tardó otros cuatro meses en formular la acusación, permitiendo así la continuidad del sonado proceso judicial.
Según la denuncia presentada por la víctima, Noelia Elizabeth Figueredo Benítez, el hecho ocurrió el 22 de noviembre de 2021 en la Gobernación del Alto Paraná. En ese entonces, Sánchez Canale se desempeñaba como encargado de la secretaría de planificación y tenía bajo su responsabilidad la firma de convenios interinstitucionales tramitados por la denunciante.
De acuerdo con el acta de imputación, el incidente se produjo cuando Figueredo Benítez se encontraba en las escaleras de la Gobernación y se cruzó con Sánchez Canale, a quien consultó sobre el estado de su proyecto y si ya había conversado con el entonces gobernador, Roberto González Vaesken, sobre la firma del convenio. En ese momento, el acusado presuntamente la sujetó del brazo y la cintura, apretándola contra él, ante lo cual la víctima lo empujó para alejarse.
El relato continúa señalando que el acusado mencionó que los documentos del convenio se encontraban en su oficina y la invitó a ingresar. Una vez dentro, habría cerrado la puerta y se lanzó sobre ella, besándola a la fuerza e intentando manosearla. La mujer logró resistirse y empujarlo, tras lo cual el denunciado le pidió disculpas y se retiró del lugar.
PERITAJES Y DILACIONES JUDICIALES
Tras la denuncia, la víctima fue evaluada por la psicóloga del Ministerio Público, Norma Bass, quien concluyó que presentaba indicadores de perturbaciones psicológicas relacionadas con el acoso. En marzo de 2024, un análisis pericial realizado por especialistas del Poder Judicial y del Ministerio Público confirmó la existencia de dinámicas propias del acoso laboral y sexual.
A pesar de las evidencias, el proceso judicial se vio obstaculizado por sucesivas chicanas legales interpuestas por la defensa del acusado, prolongando la causa durante casi cuatro años. La Fiscalía, luego de meses de inacción tras la imputación de diciembre de 2023, finalmente presentó la acusación y solicitó que el caso sea elevado a juicio oral y público.
La conducta de Sánchez Canale ha sido tipificada como acoso sexual, conforme al artículo 133 del Código Penal Paraguayo, en concordancia con el artículo 29 del mismo cuerpo legal. La Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para que el acusado enfrente un juicio y, eventualmente, reciba una condena ejemplar.
El caso siempre ha sido muy polémico y evidencia las dificultades que enfrentan las víctimas de acoso sexual y laboral en su búsqueda de justicia, así como las demoras en los procesos judiciales que muchas veces benefician a los agresores. Con la acusación formalizada, se espera que el Juzgado Penal de Garantías convoque en los próximos días la audiencia preliminar para definir si el acusado será juzgado.
