El reciente accidente laboral en la empresa Brasfumo del Paraguay S.A., ubicada en Minga Guazú, no es simplemente un incidente aislado. Es el síntoma de una enfermedad crónica que afecta al sistema laboral paraguayo: la combinación letal entre la negligencia estatal y la irresponsabilidad empresarial.
¿De qué sirve un Ministerio del Trabajo que no trabaja? La pregunta, aunque dura, resulta inevitable ante la total ausencia de fiscalización en Alto Paraná. La oficina regional se ha convertido en una entidad decorativa, cuyos funcionarios –según fuentes consultadas– podrían catalogarse como simples «planilleros» que no cumplen función específica alguna.
El caso de Brasfumo es particularmente ilustrativo. A pesar de las reiteradas denuncias sobre condiciones laborales precarias, el Ministerio ha brillado por su ausencia. Cuando los trabajadores buscan protección, reciben la misma respuesta evasiva: «no tienen poder de decisión y dependen de Asunción para cualquier fiscalización o trámite». Esta centralización burocrática no es más que una excusa para la inacción.
La situación resulta aún más alarmante al constatar que solo dos inspectores deben cubrir cinco departamentos: Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú, Caazapá y Canindeyú. ¿Cómo pretende el Estado garantizar condiciones laborales seguras con recursos tan limitados? La respuesta es simple: no lo pretende. El mensaje implícito es que la vida y la integridad física de los trabajadores no figura entre las prioridades gubernamentales.
El otro lado de esta moneda de negligencia lo representan empresas como Brasfumo, que operan bajo la premisa de que la rentabilidad está por encima de la seguridad de sus empleados. El accidente sufrido por Wilfrido Olázar Vázquez, cuya remera quedó atrapada en una máquina industrial, podría haber resultado fatal. Solo la fortuna evitó una tragedia mayor.
Los testimonios anónimos de trabajadores dibujan un panorama desolador: ausencia de equipos de seguridad adecuados, jornadas laborales que superan las ocho horas sin remuneración por horas extras, y un clima de temor donde las denuncias pueden costar el empleo. Este escenario de explotación laboral nos retrotrae a condiciones que creíamos superadas en el siglo XXI.
Pero la negligencia empresarial va más allá de la seguridad laboral. Las investigaciones de la Comisión Bicameral de Lavado de Dinero sobre los vínculos de Brasfumo con empresas señaladas por tráfico de materiales nucleares y operaciones financieras irregulares, plantean interrogantes sobre la verdadera naturaleza de sus actividades. ¿Estamos ante una empresa que no solo vulnera derechos laborales sino que podría estar involucrada en actividades ilícitas de escala internacional?
La situación actual es insostenible. Cada día que pasa sin medidas concretas es un día en que la vida de decenas de trabajadores pende de un hilo. No podemos seguir dependiendo de la suerte para evitar tragedias laborales.
Es imperativo una reestructuración profunda del Ministerio del Trabajo, dotándolo de recursos humanos y técnicos suficientes para ejercer una verdadera labor de fiscalización. El director regional Nelson Brítez debe abandonar su posición pasiva y asumir un rol proactivo en la protección de los derechos laborales, o dejar paso a quien esté dispuesto a hacerlo.
Por su parte, las empresas deben entender que el respeto a las normativas laborales no es negociable. La rentabilidad económica nunca puede justificar poner en riesgo vidas humanas. Es hora de establecer sanciones ejemplares para aquellas compañías que persistan en estas prácticas negligentes.
Los trabajadores paraguayos merecen dignidad y seguridad en sus puestos de trabajo. Nada menos que eso debería ser aceptable en una sociedad que aspira a la justicia social y el desarrollo humano.
