TIEMPO EN ALTO PARANÁ

Defensa de Miguel Prieto advierte que inconstitucionalidad debe resolverse

Miguel Prieto acompañado de su abogada.

En un nuevo episodio del proceso judicial que enfrenta el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, y otros acusados en la causa nº 13.060/2020, la defensa ha presentado recursos de reposición y apelación en subsidio contra la providencia del 20 de marzo de 2025, que fijaba la audiencia preliminar en el caso.

La abogada Gilda María Portillo Vera, representante legal de los imputados, argumentó que el juicio no puede avanzar mientras la Corte Suprema de Justicia no resuelva la acción de inconstitucionalidad en curso.

Dicha acción, según la defensa, fue promovida contra las resoluciones que rechazaron la excepción de incompetencia territorial y material planteada en la causa. En este sentido, la jurista subraya que, conforme al artículo 559 del Código Procesal Civil, la acción de inconstitucionalidad tiene efecto suspensivo, lo que implica que las decisiones cuestionadas aún no son firmes ni ejecutoriadas.

La estrategia de la defensa apunta a evitar un eventual vicio procesal que podría acarrear la nulidad de todas las decisiones tomadas en la causa. «Si se determina que el juez actuó sin competencia, cada acto procesal derivado de dicha decisión quedaría viciado de nulidad absoluta», advirtió Portillo Vera.

La presentación de los recursos fue realizada de manera electrónica ayer miércoles a las 07:00 horas, siguiendo los lineamientos del protocolo de tramitación de la Corte Suprema de Justicia. La abogada Portillo Vera enfatizó que la acción no busca retrasar el proceso, sino garantizar la validez del mismo.

«Queremos dejar en claro que esta presentación no busca dilatar el proceso, sino resguardar su validez. Lo que más nos interesa es que se resuelva cuanto antes, porque estamos convencidos de que obramos con responsabilidad y transparencia desde el inicio», manifestó.

El caso, caratulado como “Miguel Prieto Vallejos y otros s/ Apropiación (Ley N.º 6379) superior a 5.500 jornales”, sigue generando expectación en el ámbito judicial y político. La resolución de la Corte Suprema podría definir el futuro de la causa y la viabilidad de las acusaciones en contra del jefe comunal y sus co-imputados.

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