La Asociación de Magistrados del Alto Paraná (ASOMAP) ha dejado en claro, una vez más, que su función principal no es la defensa de la justicia ni el fortalecimiento del Poder Judicial, sino la protección corporativa de jueces venales. Su más reciente comunicado, en el que ataca al Poder Legislativo por cuestionar a los magistrados que beneficiaron al abogado Walter Acosta, evidencia el verdadero propósito de este gremio: blindar a quienes manipulan la ley en favor de intereses particulares.
El caso en cuestión es paradigmático. Walter Acosta, imputado por coacción, coacción grave y resistencia, fue filmado agrediendo violentamente a la ingeniera Lourdes Sosa durante una fiscalización en el distrito de Tavapy. Pese a la claridad de la evidencia, la Cámara de Apelaciones del Alto Paraná, integrada por Raúl Insaurralde, Marta Acosta y Efrén Giménez, revocó la orden de captura dictada por el juez penal de Santa Rita, Bernardo Silva. La maniobra provocó un repudio generalizado y llevó al Senado a denunciar a estos magistrados ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Paradójicamente, el presidente de la ASOMAP, Raúl Insaurralde, es uno de los jueces que favoreció al agresor.
En un intento desesperado de desviar la atención, la ASOMAP justificó la decisión de la Cámara de Apelaciones con argumentos técnicos, amparándose en el Código Procesal Penal y en la Acordada nº 1.511 de la Corte Suprema de Justicia. No obstante, la gravedad del caso quedó en evidencia cuando Acosta finalmente se entregó y el juez Bernardo Silva decretó su prisión preventiva. ¿Qué dice esto sobre la actuación de los camaristas que le concedieron el beneficio de litigar desde la clandestinidad? La respuesta es clara: favorecieron la impunidad y violentaron la normativa legal.
Incluso otros actores del ámbito judicial han cuestionado duramente la resolución de la Cámara de Apelaciones. La jueza de Garantías Especializada en Crimen Organizado, Lici Sánchez, alertó que esta decisión sienta un peligroso precedente al permitir que imputados evadan la justicia mientras sus abogados negocian su situación. En la misma línea, la senadora Lilian Samaniego advirtió que el abuso de poder y la negligencia judicial están erosionando la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.
Pero lo más preocupante de este episodio es la reacción de la ASOMAP. En lugar de velar por la transparencia y el correcto ejercicio de la magistratura, se ha convertido en un escudo de protección para jueces que, lejos de impartir justicia, la distorsionan a conveniencia. Su comunicado, en el que expresa “preocupación” por las denuncias contra sus afiliados y acusa a los senadores de desconocer el derecho, es una burla para la ciudadanía que clama por un sistema judicial íntegro y confiable.
El Colegio de Abogados Democráticos del Paraguay, sumándose al reclamo de varios sectores, ha solicitado a la Corte Suprema una auditoría del caso, además de la suspensión y sumario de los magistrados involucrados. A esto se suma la denuncia formal presentada por la Asesoría Jurídica del Senado ante el JEM, donde se espera que los jueces sean sometidos a un proceso acorde a la gravedad de sus acciones.
El mensaje de la ASOMAP es alarmante: la justicia no se toca, aunque actúe con arbitrariedad y desvirtúe su esencia. Esta postura es inaceptable en un Estado de derecho. El país no necesita gremios que encubran la corrupción judicial, sino instituciones que garanticen que la ley se aplique con rigor y equidad. La protección de jueces venales es un atentado contra la democracia y solo perpetúa un sistema que privilegia a los poderosos mientras desampara a los ciudadanos de a pie. Es hora de que el JEM actúe con determinación y demuestre que la justicia no puede seguir siendo el feudo de unos cuantos magistrados impunes.
