La formalización de los despachos menores ha generado un grave conflicto social en Ciudad del Este entre la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y trabajadores del sector. En ese sentido, el ente recaudador planteó una prórroga hasta el 2026, adelantó Alcides Brizuela, administrador de Aduana de Ciudad del Este. Destacó la importancia de encontrar un equilibrio entre la legalización y la preservación del sustento diario de miles de familias.
Según Brizuela, la DNIT ha solicitado una prórroga hasta marzo de 2026 para implementar una formalización que evite un impacto drástico en la economía regional. Este tiempo adicional permitiría trabajar en conjunto con la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), la Agencia Nacional de Transportes Terrestres de Brasil (ANPT) y la Cancillería Nacional para unificar criterios y establecer un marco regulatorio que no excluya a los pequeños transportistas.
El tráfico vecinal es una actividad económica de gran magnitud en la frontera. Se estima que entre 700 y 1.000 camiones de mediano porte participan en este comercio diario, generando un movimiento económico importante no solo en Ciudad del Este, sino en toda la región. Sin embargo, los trabajadores del sector sienten que la formalización podría favorecer a las grandes empresas, dejándolos en desventaja.
En el centro del debate se encuentra la implementación del sistema IM05, que regula los despachos menores. Actualmente, este mecanismo opera dentro del marco legal paraguayo, pero Brasil busca que todas las operaciones se realicen bajo un manifiesto internacional de carga. Para ello, es vital el diálogo entre la ANPT y la DINATRAN, así como la participación de la Cancillería en la negociación para garantizar una transición equitativa.
Brizuela enfatizó que la prórroga no debe interpretarse como una prolongación del problema, sino como una oportunidad para encontrar soluciones equitativas. «Nuestro objetivo es llegar a un equilibrio que permita la formalización sin afectar a los pequeños transportistas», aseguró. Además, reiteró el compromiso de Paraguay en defender los derechos de sus trabajadores y buscar acuerdos que beneficien a todas las partes involucradas.
