El Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y la Corte Suprema de Justicia tienen en sus manos una responsabilidad ineludible: garantizar que el sistema judicial esté conformado por magistrados probos, idóneos y comprometidos con la justicia. Sin embargo, la reciente inclusión de juezas con nefastos antecedentes en las ternas para integrar los nuevos Tribunales de Alzada en Alto Paraná expone cómo la corrupción y la impunidad siguen enquistadas en la estructura judicial del país.
La postulación de Cinthia Garcete y Teodolina María Fátima Burró, ambas con denuncias por decisiones judiciales altamente cuestionables, es una afrenta a la credibilidad del sistema judicial. Resulta alarmante que magistradas acusadas de favorecer a criminales, sobreseer a políticos corruptos y amasar fortunas sospechosas, en lugar de rendir cuentas, sean premiadas con ascensos en la estructura del Poder Judicial.
Casos como el arresto domiciliario concedido por Garcete a un feminicida o a policías procesados por homicidio, supuestamente a cambio de coimas, deberían ser motivo suficiente para excluirla de cualquier posibilidad de ascenso. Del mismo modo, la actuación de Burró, quien sobreseyó a la exintendente de Ciudad del Este, Sandra McLeod, en un sonado caso de corrupción, debería ser analizada con lupa en lugar de ser ignorada.
El silencio del JEM ante estas denuncias y la falta de acción de la Corte Suprema de Justicia refuerzan la percepción de que el sistema judicial no castiga a quienes traicionan su deber. Al contrario, les facilita el acceso a instancias superiores donde podrán seguir operando con impunidad.
La indignación de la ciudadanía y de gremios como el Colegio de Abogados del Alto Paraná es absolutamente válida. No se puede permitir que la justicia siga siendo manejada por jueces que responden a intereses particulares en detrimento del interés general. La transparencia y la idoneidad deben primar en el proceso de selección de magistrados, y para ello se requiere un compromiso real de los órganos responsables de la designación y el control de jueces.
El Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia aún tienen la oportunidad de corregir este despropósito. Devolver las ternas y revisar los antecedentes de los postulantes es una medida imprescindible si se quiere empezar a restaurar la confianza en el sistema judicial. La ciudadanía exige jueces con verdadera vocación de justicia y no burócratas que utilizan sus cargos para enriquecerse y garantizar impunidad.
Mientras se sigan premiando a magistrados con historial de corrupción y negligencia, el mensaje que se transmite es claro: en Paraguay, el acceso a la justicia está condicionado por influencias y no por el derecho. Si el Poder Judicial quiere recuperar su credibilidad, debe empezar por expulsar a los jueces que han convertido la justicia en un mercado de favores. Caso contrario, el país seguirá atrapado en un círculo vicioso de impunidad y desconfianza institucional.
