La Asociación de Magistrados del Alto Paraná (ASOMAP), cuya principal función parece ser la defensa corporativa de jueces cuestionados, vuelve a demostrar su verdadero propósito con un nuevo comunicado en el que ataca duramente al Poder Legislativo. En esta ocasión, el gremio judicial arremete contra los senadores por “atreverse” a denunciar a los integrantes de la Cámara de Apelaciones del Alto Paraná que revocaron la orden de captura contra el abogado Walter Acosta, imputado y actualmente detenido por agredir a una funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN) durante una verificación en Tavapy. Paradójicamente, uno de los camaristas cuestionados, Raúl Insaurralde, es el presidente de la ASOMAP.
La ASOMAP ya había emitido previamente otro pronunciamiento en el que defendía con vehemencia a sus asociados, los camaristas Raúl Insaurralde, Marta Acosta y Efrén Giménez, quienes maniobraron para favorecer al abogado agresor. Sin embargo, Acosta finalmente se entregó el viernes último y el juez Bernardo Silva decretó su prisión preventiva, evidenciando la gravedad del caso y dejando en entredicho la actuación de los magistrados que lo beneficiaron.
En su más reciente comunicado, la ASOMAP expresó su “preocupación” por las denuncias presentadas contra jueces del Tribunal de Apelación Penal, primera sala, ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Alegan que dichas denuncias responden a un “desconocimiento técnico del caso y del Código Procesal Penal”, acusando a los legisladores de generar desinformación pública. Según la ASOMAP, la revocación de la captura de Acosta está amparada en el artículo 249 del Código Procesal Penal y respaldada por la Acordada nº 1.511 de la Corte Suprema de Justicia. Al final de su comunicado, la asociación incluso se atreve a “exhortar a las autoridades y medios de comunicación a abordar el caso con rigor técnico-jurídico para evitar interpretaciones erróneas que afecten el Estado de Derecho”.
FUERTE RECHAZO
La cuestionable decisión de los camaristas fue objeto de severas críticas, incluso por parte de otros magistrados. La jueza de garantías especializada en crimen organizado, Lici Sánchez, advirtió que este fallo podría sentar un peligroso precedente que permitiría a otros imputados litigar desde la clandestinidad. “Un imputado con orden de captura debe presentarse ante la justicia en persona, no permanecer oculto mientras sus abogados negocian su situación”, sostuvo. Explicó además que Acosta había sido declarado en rebeldía al no presentarse cuando se ordenó su aprehensión y que la Cámara de Apelaciones no tenía atribuciones para otorgarle medidas menos gravosas, facultad exclusiva de un juez de primera instancia.
En la misma línea, la senadora Lilian Samaniego manifestó su preocupación por la actuación judicial en este caso. “La violencia contra una funcionaria pública no puede quedar impune. Este hecho no solo genera impunidad, sino que también socava la credibilidad del sistema de justicia”, expresó. Añadió que el abuso de poder y la negligencia judicial están erosionando la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. La denuncia contra los magistrados quedó a cargo de la asesoría jurídica de la Cámara de Senadores, que deberá presentarla formalmente ante el JEM.
Por su parte, el Colegio de Abogados Democráticos del Paraguay solicitó al presidente de la Corte Suprema, César Diesel, la auditoría del caso de Walter Acosta. Además, pidieron la apertura de sumarios administrativos y la suspensión preventiva de los magistrados involucrados, argumentando que los jueces responsables “no son dignos de continuar en sus cargos ni un día más”.
ANTECEDENTES DEL CASO
El pleno del Senado aprobó la semana pasada una denuncia ante el JEM contra los camaristas Raúl Insaurralde, Efrén Giménez y Marta Acosta por revocar la orden de captura contra Walter Acosta, imputado por coacción, coacción grave y resistencia. El abogado fue captado en un video agrediendo violentamente a la ingeniera Lourdes Sosa durante una fiscalización en la estación de servicio 3 Fronteras, en el distrito de Tavapy. Tras la difusión de las imágenes, el juez penal de Santa Rita, Bernardo Silva, ordenó su detención, pero la Cámara de Apelaciones revocó la medida, generando un fuerte repudio a nivel local y nacional.
Diversos sectores han advertido que esta decisión judicial sienta un grave precedente en la lucha contra la violencia de género y la impunidad en el sistema de justicia. En este contexto, resulta llamativo que la ASOMAP haya salido inmediatamente en defensa de los jueces cuestionados, justificando su actuación con argumentos técnicos y acusando a otros poderes del Estado de entrometerse en asuntos judiciales.
PROCURADURÍA TAMBIÉN ACCIONÓ CONTRA LOS CAMARISTAS
El procurador general de la República, Marco Aurelio González, confirmó el viernes último que en representación del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN) presentaron acusación ante JEM contra los camaristas Efrén Giménez, Raúl Insaurralde y Marta Acosta. Argumentó el procurador que estos magistrados permitieron litigar desde la clandestinidad a una persona, algo que no está permitido en nuestro ordenamiento jurídico. “Desde el momento que resolvieron un recurso presentado por alguien que no compareció ante el juzgado cometieron mal desempeño de funciones”, sostuvo. González cree que los mismos deben ser destituidos y que todo el rigor de la ley debe caer contra los que actúan por fuera del marco legal.
