El sistema carcelario paraguayo se vio sacudido por un nuevo escándalo de fuga de reclusos, esta vez desde el Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, penal de “máxima seguridad” inaugurado apenas en mayo de 2024. La cárcel, presentada como un bastión inexpugnable, preparada con tecnología avanzada y con funcionarios altamente capacitados, fue vulnerada sin mayores trámites. Y, para empeorar las cosas, el nuevo interventor designado, Blas Antonio Martínez, es de oscuros antecedentes; incluso, fue fotografiado compartiendo un asado con peligrosos delincuentes en el penal de San Pedro, donde se había registrado una matanza.
A menos de un año de su habilitación, la cárcel del km 20 Acaray de Minga Guazú se convirtió en un símbolo de la ineficacia del sistema carcelario paraguayo. Aunque el complejo cuenta con tecnología de punta, las cámaras de seguridad y el sistema de monitoreo no impidieron que los reclusos se escaparan. Según las investigaciones iníciales, uno de los agentes penitenciarios entregó una llave a los internos, lo que permitió la apertura de las celdas. Los reclusos, entre los que se encuentran criminales de alta peligrosidad, treparon el muro perimetral y lograron saltar a la calle, burlando por completo el sistema de seguridad.
Imágenes de las cámaras de vigilancia muestran a un agente abandonando su puesto de trabajo, mientras que otro entregaba la llave que permitió a los reclusos abrir las puertas. Las autoridades han confirmado que estos actos de negligencia y complicidad fueron clave para la evasión, pero también hay pruebas que sugieren que una cantidad significativa de dinero podría haber circulado para facilitar el escape. Además, se constató que el área de custodia perimetral, a cargo de las Fuerzas Armadas, estuvo desprotegida en el momento de la fuga.
CORRUPCIÓN AL DESNUDO
Cinco funcionarios penitenciarios fueron arrestados e imputados por su implicancia en la fuga. Entre ellos se encuentran José Carlos Alfonso Torres, Adrián Isfrán Báez, Benicio de Jesús Romero Aguilar, Ariel Gustavo Mareco Benítez y Jonathan Nicolás Barúa Chamorro, este último encargado del monitoreo del sistema de circuito cerrado. Todos enfrentan cargos por la liberación de presos, con una pena de hasta siete años de prisión. La detención de estos agentes pone de manifiesto la infiltración de la corrupción en el sistema, lo que permite que se sucedan hechos como este con total naturalidad.
Además de los agentes detenidos, las autoridades incautaron una serie de elementos sospechosos, entre ellos teléfonos celulares, cadenas de seguridad y una botella con un líquido amarillo que contenía un manuscrito triturado, lo que refuerza la hipótesis de que la fuga fue planificada con antelación.
A pesar de la magnitud del escape, las fuerzas de seguridad lograron recapturar a Fredy González Delvalle, uno de los fugitivos, en la madrugada del jueves 27 de marzo. González, condenado a 40 años por su participación en una masacre ocurrida en el penal de San Pedro, fue uno de los internos más peligrosos que logró escapar.
El fiscal encargado de la investigación, Alcides Giménez, señalaó que los detalles de la fuga y las negligencias observadas durante el monitoreo plantean serias dudas sobre la actuación de los encargados de la seguridad. La falta de respuesta oportuna a las señales de movimiento en las cámaras y la inadecuada custodia en los puntos críticos del penal han sido factores determinantes en el éxito de la salida de los reclusos.
Los internos que lograron escaparse fueron Wilson Darío Rotela Coronel, Juan Valentín Insfrán Espínola, Blas Pablo Melgarejo Benítez, alias “Chopalé”; Derlis Ramón Giménez Olivella, Fredy González Delvalle, Fernando José Aquino Salinas, Marcio Cuadra Caetano y Anderson Queiroz Freitas. Los cinco primeros son paraguayos, mientras que los dos últimos son de nacionalidad brasileña.
INTERVENTOR DE NEGROS ANTECEDENTES
El cuestionado Ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, ha intervenido en el caso, separando del cargo al director del penal, Julio Careaga, y anunciando una investigación más profunda. Sin embargo, sugestivamente, designó en reemplazo de Careaga al funcionario penitenciario Blas Antonio Martínez, de nefastos antecedentes. El mismo incluso fue fotografiado mientras compartía suculentos asados con delincuentes “de la pesada” (escándalo granja vip), en el penal de San Pedro, según publicaciones periodísticas. Así, califican que la penitenciaría queda en manos probablemente de uno peor que el anterior.
FAMILIARES DE DETENIDOS HABLAN DE CARENCIAS
Ayer, familiares de los guardiacárceles detenidos reclamaban la falta de insumos, como motivo del trabajo deficiente. Refirieron incluso que de “máxima seguridad” el penal minguero solo tiene el nombre, ya que soporta innumerables deficiencias. Supuestamente, los guardias hace tiempo ya reportaron los faltantes, pero no recibieron respuestas de sus superiores. Hacen alusión a insumos, como candados, esposas, llaves, etc. Además, cuestionan que el jefe de perímetro nunca está en su puesto, al igual que el jefe general del penal. Explicaron que hay cuatro módulos y cada módulo cuenta con cuatro guardias.
Son 16 en total, se relevan cada 24 horas, y son 16 guardias que cubren un turno. “¿Por qué los jefes, por ejemplo, no son detenidos también, como los guardias?”, se preguntó una familiar, quien pidió mantener en reserva su identidad, por temor a represalias. Cuestionó que, “como siempre, solo a los más ‘pereri’ se les está deteniendo y retratando como los culpables de todo, pero nadie habla de la precariedad con que cumplen su labor”.
