El acceso al agua potable sigue siendo un problema crónico en varias ciudades y barrios del Alto Paraná. En el Área 5 de Presidente Franco, más de 500 familias llevan meses sin un suministro adecuado, obligándolas a protestar frente a la sede de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP) en Ciudad del Este. Sin embargo, la situación no es nueva, ni exclusiva de esta comunidad: se repite con preocupante frecuencia en distintos puntos del país.
La falta de agua potable no solo es una problemática que afecta el bienestar de la población, sino que también constituye una violación a un derecho humano fundamental. No es posible que, en pleno siglo XXI, miles de ciudadanos se vean obligados a comprar bidones de agua o recurrir a estaciones de servicio y casas vecinas para abastecerse, como lo han denunciado los propios afectados.
El caso del Área 5 es alarmante, pero no aislado. La provisión deficiente de agua ha sido una constante en varias localidades del departamento. La ESSAP y las autoridades municipales y departamentales han demostrado una incapacidad crónica para garantizar este servicio esencial. Mientras la población clama por soluciones, las respuestas oficiales son evasivas y las promesas de acción se diluyen en el tiempo.
El presidente de la comisión de fomento del Área 5, Dr. Julio Cascán, ha sido claro al señalar que este problema se arrastra desde hace más de dos décadas. Los intentos de establecer un diálogo con el intendente Roque Godoy y otras autoridades han sido infructuosos. Los vecinos han enviado notas, han solicitado reuniones y han exigido respuestas, pero la indiferencia sigue siendo la norma.
Ante la falta de acción gubernamental, las familias afectadas han tenido que recurrir a la movilización. La protesta ante la ESSAP es una expresión del hartazgo de una comunidad que ha sido ignorada por demasiado tiempo. La advertencia de medidas más radicales es el reflejo de una paciencia que se ha agotado.
La solución a esta crisis no puede seguir postergándose. Se requiere voluntad política y una acción coordinada entre la ESSAP, el municipio, la gobernación y el gobierno central. Es inaceptable que en un país con enormes recursos hídricos, comunidades enteras sigan padeciendo la falta de acceso al agua potable.
Las autoridades deben asumir su responsabilidad y garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a este servicio esencial sin necesidad de recurrir a la protesta y la desesperación. El agua no es un lujo ni un privilegio; es un derecho que debe ser garantizado con urgencia.
