Por la representación de la funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización, Lourdes Sosa Cuevas, cuatro abogados de la matrícula, bajo la coordinación de Carlos Daniel Alarcón, oficializaron querella adhesiva contra el abogado Walter Ramón Acosta. El recientemente favorecido por la primera sala penal de apelaciones fue llamado para su audiencia de imposición de medidas esta mañana.
Los abogados Carlos Daniel Alarcón, Karina Paola Almeida, Elizangela Zanardi Rauber y Marcelo Fabián Riveros Gómez firmaron el documento arrimado ante el juzgado penal de garantías de Santa Rita, Bernardo Silva Vera. Alegan que el abogado Acosta sería responsable de los hechos punibles de coacción, coacción grave y resistencia, ocurridos contra su mandante en el cumplimiento de funciones públicas.
Arrimaron pruebas de reprochabilidad surgidas contra el ahora querellado y solicitaron su vinculación al expediente electrónico de la causa a los efectos pertinentes.
FUNDAMENTACIÓN ACABADA
En su escrito de diez fojas, los abogados señalan a la magistratura que no se cierran a la posibilidad de la existencia de otras conductas con tipicidades penales y más complejas en perjuicio de su representada. Agregan documentales, testificales y vídeos colectados y solicitan que sean agregados al cuaderno de investigación fiscal. La mandante, Lourdes Sosa Cuevas, cumplía funciones públicas al momento de ocurridos los hechos.
Reseñan paso a paso los presupuestos para que las tipificaciones ya imputadas sean punidas en su momento y se reservan el derecho legal de ampliarlas, de surgir méritos relevantes al análisis de la conducta desplegada por el querellado, Walter Ramón Acosta, durante el violento evento en que está involucrado y por los que debe responder en el incipiente proceso abierto en su contra.
En parte de su escrito, señalan que “no solo hubo coacción impidiendo a las víctimas cumplir con su mandato legal, sino que además las mismas fueron objeto de agresión con una clara afectación física de las víctimas”; por ende, no existe duda alguna de que esta conducta típica fue decididamente desplegada por el autor, ahora querellado.
Por último, solicitan implementar los procedimientos correspondientes de investigación a los hechos hoy querellados y, cumplido el plazo, elevar la causa para su finiquito en contradictorio público, oportunidad para la que se reservan la petición de pena.
