La revocación de la orden de captura contra el abogado Walter Acosta, quien fue filmado agrediendo brutalmente a una funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN), es una afrenta a la justicia y un golpe certero a la credibilidad del Poder Judicial. Los jueces de la Cámara de Apelaciones, primera sala, Raúl Insaurralde, Efrén Giménez y Marta Acosta, han demostrado una vez más la podredumbre que impera en el sistema judicial paraguayo, donde la impunidad es la norma y la protección a los poderosos es la regla.
El accionar de estos magistrados es, cuando menos, vergonzoso. Con pruebas irrefutables en su contra, el abogado Acosta debería estar enfrentando la justicia desde la cárcel, como corresponde a alguien que no solo protagonizó una agresión violenta, sino que también se refugió en la clandestinidad para evitar responder por sus actos. Sin embargo, los jueces, insensibles e incapaces de aplicar la ley con equidad, decidieron allanar el camino para que Acosta eluda la prisión y enfrente su proceso con total comodidad.
Este hecho es apenas un reflejo de un problema mucho más profundo: la venalidad de la justicia paraguaya. La corrupción judicial, disfrazada de tecnicismos y resoluciones amañadas, sigue garantizando la impunidad de aquellos que pueden pagar o tienen las conexiones adecuadas. En este caso, el abogado agresor, amparado por el empresario brasileño Vilmar Wilkon, alias «Meca», logró salir bien librado gracias a los favores de jueces que, en lugar de impartir justicia, prefieren servir a intereses oscuros.
La gravedad del caso no radica únicamente en la violencia ejercida contra la ingeniera Lourdes Sosa y su equipo, sino en el mensaje que la justicia envía con esta decisión. ¿Qué garantías tienen ahora los funcionarios públicos que cumplen con su labor de fiscalización? ¿Cómo puede un servidor del Estado ejercer sus funciones cuando sabe que cualquier criminal con buenos contactos puede agredirlo impunemente? La respuesta es clara: en Paraguay, la justicia no es más que una maquinaria diseñada para proteger a los que ostentan poder, mientras los ciudadanos de a pie quedan completamente indefensos.
El repudio expresado por sectores como el Colegio de Abogados del Alto Paraná, la Comunidad Jurídica del Alto Paraná (COMJURAP), el Ministerio de la Mujer y el Ministerio del Trabajo es una muestra de que la ciudadanía aún conserva su capacidad de indignación. Sin embargo, la indignación no basta. Es momento de exigir respuestas y sanciones, no solo contra Walter Acosta, sino contra los jueces que lo protegieron. La Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia tiene la obligación de investigar el proceder de estos magistrados, y la ciudadanía debe mantenerse firme en su reclamo de una justicia real y efectiva.
Los jueces que revocaron la captura de Acosta son cómplices de la impunidad. No se puede seguir permitiendo que magistrados venales, insensibles y serviles a los intereses de unos pocos sigan manejando la justicia como si fuera su feudo personal. La justicia no puede seguir siendo un negocio ni un refugio para criminales con influencias. Es momento de desenmascarar y expulsar a los jueces corruptos del sistema, antes de que la indignación se convierta en resignación y el país termine de hundirse en la anarquía de la impunidad.
