La decisión de la Cámara de Apelaciones de revocar la orden de captura contra el abogado Walter Acosta, procesado por coacción, coacción grave y resistencia, generó una ola de indignación, especialmente entre organizaciones de mujeres. Acosta, quien abofeteó a una funcionaria pública durante un procedimiento de fiscalización, podrá enfrentar su proceso sin haber sido privado de libertad ni un solo día.
El Tribunal de Alzada, integrado por los camaristas Raúl Insaurralde, Marta Acosta y Efrén Giménez, dictó el auto interlocutorio n° 83, dejando sin efecto la orden de detención dictada por el juez penal de garantías Bernardo Silva, quien había declarado la rebeldía del procesado y ordenado su captura el pasado 21 de marzo. Los abogados del procesado presentaron un pedido de eximición de medidas cautelares, lo que significa “que el imputado podrá presentarse por sí o por medio de un abogado ante el juez, antes de la aplicación de la medida, por escrito o en forma oral, solicitando que se lo exima de la prisión preventiva o de las otras medidas cautelares”. Esta figura jurídica que fue concedida al abogado golpeador generó la indignación ciudadana.
El hecho que originó la causa penal ocurrió durante una fiscalización a la estación de servicios de la firma 3 Fronteras, donde la ingeniera Lourdes Sosa, funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN), fue agredida físicamente por Acosta en pleno ejercicio de sus funciones. El abogado reaccionó violentamente cuando el equipo de fiscalización constató irregularidades y labraba acta en el lugar.
A pesar de haber estado prófugo de la justicia, Acosta logró recurrir la orden de captura mediante su defensa, evitando así cualquier reclusión preventiva. Con la nueva resolución, el profesional del derecho podrá presentarse a audiencia sin riesgo de ser aprehendido, lo que ha generado un fuerte repudio ciudadano.
REPUDIO CIUDADANO
Diversos gremios y entidades estatales, entre ellos el Colegio de Abogados del Alto Paraná, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio del Trabajo, expresaron su repudio a la agresión sufrida por la funcionaria y a la decisión judicial que favorece al cobarde abogado. Organizaciones feministas y de derechos humanos cuestionaron la permisividad del sistema judicial ante casos de violencia contra la mujer, exigiendo una revisión del fallo y sanciones ejemplares para el agresor. Además, solicitaron que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados actúe en consecuencia e investigue de oficio el controvertido fallo.
