La denuncia contra la jueza Sara Silva, presentada por la Comunidad Jurídica de Alto Paraná (COMJURAP), es solo un reflejo de una realidad mucho más amplia y preocupante: la excesiva morosidad judicial en Paraguay. No se trata de un caso aislado ni de una persecución personal contra una magistrada en particular, sino de un problema estructural que afecta a toda la sociedad y socava la confianza en el sistema de justicia.
La demora en la emisión de resoluciones judiciales no solo perjudica a los profesionales del derecho, sino también a los ciudadanos comunes que ven postergados sus derechos. Un litigio que se extiende indefinidamente no es justicia; es una condena a la incertidumbre, la pérdida de recursos y, en muchos casos, la imposibilidad de acceder a una solución efectiva a sus problemas legales. En el caso denunciado, los testimonios de abogados y ciudadanos ilustran el impacto devastador de esta ineficiencia, con expedientes que llevan años paralizados sin justificación alguna.
La lentitud judicial no es un inconveniente menor ni un simple problema administrativo. Se traduce en desconfianza hacia las instituciones, desaliento para quienes buscan justicia y, en algunos casos, en la percepción de que la impunidad se impone sobre la legalidad. Lamentablemente, la jueza Silva no es la única magistrada señalada por estos vicios. La inoperancia en la administración de justicia es un mal generalizado, del que la Corte Suprema de Justicia y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) son cómplices por omisión al no aplicar sanciones ejemplares.
Los organismos de control no pueden seguir ignorando esta situación. Es su deber auditar y sancionar a jueces que, con su morosidad, vulneran derechos y socavan el prestigio del Poder Judicial. No basta con apercibimientos simbólicos; es necesario que quienes incumplen con su función sean removidos de sus cargos si no están a la altura de la responsabilidad que asumen.
La mora judicial es una forma de corrupción silenciosa que no siempre recibe la atención debida, pero que tiene consecuencias graves para la vida de los ciudadanos. Un sistema de justicia eficiente es un pilar fundamental de la democracia, y si los jueces no cumplen con su deber, deben asumir las consecuencias.
El llamado es claro: el Poder Judicial debe actuar con firmeza, el JEM debe dejar de proteger a jueces negligentes y la Superintendencia de Justicia debe aplicar controles efectivos. Sin acción inmediata, la justicia seguirá siendo una utopía inalcanzable para muchos paraguayos.
