La violenta agresión contra funcionarios del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), ocurrida la semana pasada en una estación de servicios de Tavapy, podría tener como autor intelectual al polémico empresario brasileño Vilmar Wilkon, alias “Meca”, propietario del establecimiento y conocido por sus turbios antecedentes en la zona fronteriza. Según revelaron fuentes a este medio, “Meca” habría dado orden para atacar a los funcionarios estatales que intentaban tomar muestras de combustibles en su Servicentro Tres Fronteras. La intervención del INTN respondía a reiteradas quejas de usuarios sobre la calidad del producto.
El abogado Walter Acosta, empleado directo de Wilkon, ejecutó la agresión que quedó registrada en video, donde se observa cómo golpea brutalmente a la fiscalizadora Lourdes Sosa Cuevas, quien cayó al suelo y posteriormente recibió un fuerte impacto en el rostro. El letrado también agredió físicamente a Luis Armando Duarte, propinándole golpes en la nuca, además de patadas.
A casi una semana del violento episodio, Acosta permanece prófugo de la justicia pese a la orden de captura emitida por la fiscal Rocío González, quien lo imputó por coacción, coacción grave y resistencia. Fuentes cercanas a la investigación sospechan que el abogado estaría recibiendo protección directa de Wilkon, quien goza de considerable influencia sobre autoridades locales.
“Meca es considerado un ‘intocable’ en Tavapy y Santa Rita, donde mantiene buenas relaciones con policías, fiscales y jueces”, comentó una fuente que solicitó el anonimato por temor a represalias. Esta situación explicaría por qué hasta el momento ni Wilkon ni su estación de servicios han recibido sanciones, pese a las irregularidades detectadas y confirmadas por el INTN durante la inspección interrumpida.
NEGRO HISTORIAL
El pasado turbio de Vilmar Wilkon incluye acusaciones graves que van más allá del reciente incidente. Como presidente de la quebrada firma Agroindustrial Tres Fronteras S.A., fue denunciado en 2020 por usurpar y explotar ilegalmente unas 2.700 hectáreas en Tavapy, mediante una medida cautelar obtenida con documentación presuntamente falsificada.
En aquella ocasión, según diversas denuncias, contó con respaldo policial mientras el legítimo propietario de las 5.828 hectáreas no podía acceder a sus tierras. Los empleados de la estancia Río Monday habrían sufrido constantes amenazas de los guardias privados de “Meca” y de efectivos policiales que respaldaban al empresario brasileño.
La empresa de Wilkon, Agroindustrial Tres Fronteras, enfrentaba además un pasivo superior a los 16 millones de dólares, motivo por el cual solicitó la convocatoria de acreedores. Sin embargo, fuentes del sector financiero afirman que en 2019, “Meca” comenzó a vaciar el capital operativo de la empresa, transfiriendo aproximadamente 7.000 millones de guaraníes al Brasil de forma irregular. Estos recursos habrían sido invertidos en propiedades en la localidad de São João do Sóter, estado de Maranhão, mientras cesaba el pago a sus acreedores en Paraguay, entre otras “maniobras” que hacía para zafarse de sus deudos.
COMBUSTIBLE ADULTERADO
La fiscalización interrumpida en la estación de servicios habría revelado que tres surtidores de nafta súper excedían los límites de tolerancia permitidos, lo que ameritaba una multa para la empresa. Aparentemente, Wilkon ya conocía esta situación y por ello habría instruido a su abogado para impedir el procedimiento “a como dé lugar”.
El incidente comenzó cuando los fiscalizadores Lourdes Sosa Cuevas, Luis Duarte, Jhamín Afara y Cinthya Ibáñez llegaron al establecimiento con la orden de trabajo correspondiente. Inicialmente fueron recibidos por un empleado que, tras consultar con Wilkon, autorizó la inspección. Sin embargo, la situación cambió drásticamente con la llegada del abogado Acosta, quien hasta el momento sigue prófugo y presuntamente cuenta con el respaldo de su patrón, “Meca”.
