La reciente suspensión de una licitación pública para la adquisición de mobiliario escolar en Ciudad del Este deja al descubierto lo que podría ser un claro ejemplo de cómo los intereses políticos pueden obstaculizar el desarrollo de una comunidad.
El intendente Miguel Prieto no ha dudado en denunciar lo que considera una persecución política orquestada desde la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). La medida adoptada mediante la resolución nº 780/25 paraliza un proceso crucial para dotar a los centros educativos de mobiliario necesario, afectando directamente a los estudiantes de la ciudad fronteriza.
¿Casualidad o estrategia? La suspensión ocurre justo días antes de la apertura de sobres de los oferentes, programada para el lunes próximo, con un presupuesto significativo de G. 2.815.800.000. Este timing no puede sino despertar suspicacias sobre las verdaderas motivaciones detrás de la decisión.
El argumento esgrimido por la DNCP sobre «inconsistencias en el marco legal y normativo» y un «presunto error en la elaboración del precio referencial» parece, cuando menos, cuestionable. Según Prieto, los precios ofrecidos oscilaban entre 20, 30 y 35 dólares, montos que él defiende como reales y competitivos en el mercado actual. La calificación de estos montos como «irrisorios» por parte de la DNCP refleja, posiblemente, un desconocimiento de la realidad comercial en la zona o, peor aún, una intención deliberada de entorpecer la gestión municipal.
Las palabras del intendente Prieto resuenan con fuerza cuando vincula esta suspensión a intereses políticos relacionados directamente con el gobierno del presidente Santiago Peña. No es la primera vez que se observan tensiones entre diferentes niveles de gobierno cuando estos responden a signos políticos distintos, pero la instrumentalización de organismos técnicos como la DNCP para estos fines constituiría un grave precedente.
La designación de la abogada Rebecca Thompson para sustanciar el procedimiento investigativo debería garantizar transparencia e imparcialidad. Sin embargo, el dictamen preliminar ya parece inclinarse hacia la anulación del llamado a licitación, lo que alimenta las sospechas sobre decisiones predeterminadas.
Los ciudadanos de Ciudad del Este merecen respuestas claras. Si realmente existen irregularidades en el proceso licitatorio, estas deben ser demostradas con evidencia contundente. De lo contrario, estaríamos ante un caso flagrante de utilización de mecanismos administrativos para obstaculizar la gestión de un intendente que no se alinea con el poder central.
Las consecuencias de esta paralización van más allá del enfrentamiento político. Representan un retraso en la mejora de las condiciones educativas para los niños y jóvenes de Ciudad del Este, quienes son, en definitiva, los verdaderos perjudicados por estas disputas de poder.
En un sistema democrático saludable, los controles institucionales deben funcionar como garantías de transparencia, no como herramientas de persecución política. Esperamos que la investigación en curso sea conducida con absoluta objetividad y que prevalezca el interés de los ciudadanos por encima de cualquier cálculo político partidario.
La administración municipal de Ciudad del Este enfrenta un nuevo desafío en su gestión, pero también una oportunidad para demostrar que la transparencia y la eficiencia pueden prevalecer frente a las presiones políticas. La ciudadanía estará atenta al desenlace de este episodio que, lamentablemente, no hace más que profundizar la desconfianza en las instituciones públicas.
