El juez penal de garantías Humberto Otazú fijó las fechas del 4 y 7 de abril para la audiencia preliminar del intendente Miguel Prieto, en el caso que investiga presuntas irregularidades en la compra de insumos por G. 306 millones, durante la pandemia. El jefe comunal y otros 12 funcionarios están acusados de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
La Fiscalía sostiene que los insumos fueron adquiridos mediante una licitación de excepción para fines sociales, pero los fondos municipales habrían sido desviados. El proceso judicial, que estuvo suspendido por una acción de inconstitucionalidad, fue reactivado por el juez Otazú, quien determinó que dicha acción no tiene efecto suspensivo.
Además de Prieto, otros altos funcionarios fueron procesados en el caso, acusados de los mismos delitos. La audiencia preliminar se determinará si el caso se eleva a juicio oral, donde se buscará esclarecer las presuntas irregularidades y el posible perjuicio económico al municipio.
