El reciente caso de agresión contra una funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) en Tavapy, Alto Paraná, es una muestra más de la impunidad con la que operan personas violentas en nuestro país. La brutal abofeteada que recibió Lourdes Teresita Sosa Cuevas, en el ejercicio de sus funciones, es un hecho repudiable que no puede quedar en la mera indignación ciudadana. La justicia debe actuar con celeridad y determinación para que este acto no se convierta en una estadística más de violencia contra la mujer y el funcionariado público.
El agresor, Walter Ramón Acosta, un abogado con antecedentes de comportamiento violento, no solo golpeó a la funcionaria, sino que también insultó y agredió a otros trabajadores del INTN, impidiendo que realizaran una fiscalización en una estación de servicios. Es inaceptable que, en pleno siglo XXI, el cumplimiento del deber se vea interrumpido por individuos que creen que la violencia es una herramienta de intimidación válida.
Lo que resulta más alarmante es que, a pesar de la agresión pública y de que la situación fue grabada, los agentes policiales presentes en el lugar no actuaron para detener al agresor. Esta inacción es una muestra clara de cómo la violencia de género y el abuso de poder siguen siendo tolerados por algunas autoridades.
La fiscal Rocío González ha dispuesto la orden de captura contra Acosta, pero esto no debe quedarse en una simple formalidad. Es urgente que se lo someta a la justicia y que reciba una sanción ejemplar, no solo para que pague por su crimen, sino también para enviar un mensaje claro de que los actos de violencia contra la mujer y contra funcionarios que cumplen con su labor no serán tolerados en nuestra sociedad.
Casos como este deben hacernos reflexionar sobre la fragilidad del Estado de derecho cuando se permite que el miedo y la agresión tomen protagonismo. Si el Estado no protege a sus funcionarios, ¿quién garantizará que puedan desempeñar su trabajo sin temor a represalias? Es momento de fortalecer los mecanismos de protección y garantía para los trabajadores públicos, especialmente aquellos que deben fiscalizar y hacer cumplir las normativas.
No se puede seguir normalizando la violencia ni permitiendo que individuos con comportamientos agresivos interfieran con el cumplimiento de la ley. La agresión a una mujer en el ejercicio de sus funciones es un delito grave que debe ser sancionado con todo el peso de la ley. La justicia tiene la obligación de actuar con firmeza para evitar que este tipo de hechos se repitan y para demostrar que, en Paraguay, la violencia no será tolerada ni quedará impune.
