TIEMPO EN ALTO PARANÁ

Jueces cómplices dilatan resolución que repone a José Benítez en presidencia del Club 3 de Febrero

José Benítez, quien el año pasado fue repuesto en el cargo por la Corte Suprema, pero los jueces locales no hacen cumplir la disposición.

A pesar de las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), jueces electorales y magistrados de primera instancia en Alto Paraná continúan sistemáticamente dilatando la reposición de José Orlando Benítez en la presidencia del Club Atlético 3 de Febrero. Su inacción no solo contraviene lo dictado por las máximas instancias judiciales del país, sino que además refuerza la impunidad con la que un grupo de usurpadores, liderados por el clan Aranda, sigue cometiendo negociados y actos de corrupción en detrimento de la entidad deportiva.

La CSJ había ratificado en agosto de 2024 la decisión del TSJE de restituir a Benítez en la presidencia del club, en base al acuerdo y sentencia N° 40 del 17 de febrero de 2017, la aclaratoria del acuerdo y sentencia n° 1930 del 29 de diciembre de 2017 y el auto interlocutorio n° 1233 del 21 de agosto de 2024. La reposición de Benítez debía ser inmediata. Sin embargo, los jueces en Alto Paraná han optado por ignorar estas resoluciones y mantener en el poder a quienes han manejado la institución como una empresa privada.

Uno de ellos es el juez Pedro Guzmán, del Juzgado Electoral de Ciudad del Este, quien deliberadamente retrasó el cumplimiento de la sentencia del TSJE, ratificada por la Corte Suprema sobre irregularidades en las elecciones del Club Tres de Febrero. Las sentencias de la Corte son vinculantes y deben ejecutarse sin dilaciones, por lo que Guzmán podría ser denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Cabe recordar que José Benítez fue destituido en 2011 bajo acusaciones infundadas de apropiación y lesión de confianza, presentadas por el clan Aranda y sus aliados, quienes desde entonces han manejado el club con absoluta discrecionalidad. Tras 11 años de proceso judicial, en 2022, la Cámara de Apelaciones confirmó el sobreseimiento definitivo de Benítez, al demostrarse que no existió ningún faltante ni irregularidad en su gestión. Además, se dictaminó que el propio club debía asumir las costas del juicio, estimadas en G. 300 millones.

Desde la destitución de Benítez, el clan Aranda, encabezado por Fabián Aranda, hijo de Antonio “Pelé” Aranda, ha perpetuado su control sobre el club a través de maniobras judiciales y administrativas. Durante su gestión, el 3 de Febrero pasó de ser un equipo con aspiraciones en Primera División a un club en ruinas, hundido en escándalos de corrupción y sin siquiera militar en la División Intermedia.

CORRUPCIÓN Y NEGOCIADOS

En noviembre de 2023, el fiscal Luis Trinidad Colmán imputó a los exdirectivos Antonio Aranda Encina y Jorge Aquino por desacato judicial, tras negarse a otorgar el título de propiedad de las butacas vitalicias a los socios que las habían adquirido en 2017. Pese a las reiteradas órdenes judiciales, los directivos se resistieron a cumplir con la entrega de los documentos, generando un proceso penal en su contra.

El control del club se ha mantenido en manos del clan Aranda a través de figuras testaferros como Enzo González, quien fue electo presidente en una muy cuestionada asamblea en marzo del año pasado. Sin embargo, la verdadera autoridad sería el actual vicepresidente, Richard Aranda, quien maneja a su antojo los destinos de la institución.

A pesar de contar con ingresos millonarios provenientes de contratos con la Fundación Tesãi, el supermercado S6 del Grupo Vierci, Burger King y otros comercios instalados el predio del club, la directiva sigue manejando los fondos con total hermetismo. Ni los socios ni los miembros de la comisión directiva tienen acceso a los estados financieros, lo que refuerza las sospechas de un esquema de enriquecimiento ilícito.

JUECES AL SERVICIO DE USURPADORES

La actitud cómplice y pusilánime de los jueces electorales y de primera instancia de Alto Paraná ha permitido que este grupo de personas continúe usufructuando ilegalmente la institución. La resolución de la CSJ en agosto de 2024 debió marcar el final de esta historia de corrupción, pero la inacción judicial ha prolongado la usurpación. En tanto, el club está sumergido en una profunda crisis futbolística; de militar en la división de Honor e incluso aspirar a lugares preponderantes en torneos internacionales de relevancia, hoy día ni siquiera está en la División Intermedia y su plantel de futbolistas y cuerpo técnico es mediocre, debido a la falta de recursos.

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