En sesión ordinaria del lunes 17 de marzo, el Consejo de la Magistratura (CM) conformó ternas de candidatos para diversos cargos judiciales vacantes y nuevos en diferentes fueros, incluyendo lo civil y comercial, penal, penal adolescente y niñez y adolescencia. Se aprobó la creación de dos nuevos tribunales de apelaciones en la Circunscripción Judicial de Alto Paraná: uno en lo penal y otro en lo civil y comercial. Sin embargo, esta medida generó un fuerte debate, pues se teme que magistrados altamente cuestionados serán beneficiados con ascensos a la función de jueces de Alzada. El Consejo de la Magistratura habría operado bajo presiones políticas para seleccionar ternas a medida de ciertos sectores de poder, principalmente vinculados al oficialismo colorado.
Uno de los casos más llamativos es el del exjuez Aníbal Duarte, quien aparece como el mejor rankeado en la lista. Según fuentes judiciales, su ubicación estratégica en la terna respondería a una maniobra política para garantizar su designación. Detrás de su postulación estaría el influyente abogado Blas Pereira, quien opera en la justicia del Alto Paraná con el respaldo del vicepresidente Pedro “Mangui” Alliana.
Blas Pereira, es hermano del juez civil Juan Pereira y es señalado por su rol clave en un esquema de tráfico de influencias. Se le acusa de garantizar impunidad a empresarios y de beneficiarse económicamente a través de adjudicaciones estatales. Recientemente, en su fiesta de cumpleaños, estuvieron entre otros, el vicepresidente Alliana, el presidente Santiago Peña y el abogado Enrique Berni, miembro del Consejo de la Magistratura y el JEM (representante de los abogados). Otro de los nombres en la lista de ternados es Freddy Chamorro Monzón, exconcejal departamental, prácticamente el único ternado no siendo actualmente juez.
En la terna para la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial aparece Ybete Welter de Troes, jueza de primera instancia en Ciudad del Este, cuya gestión ha sido calificada de improductiva. También está ternada Cinthia Garcete Urunaga, considerada una de las magistradas más cuestionadas del Alto Paraná. A pesar de las numerosas denuncias por mal desempeño y resoluciones judiciales controversiales, Garcete sigue en el cargo, presuntamente protegida por el exconsejero de la Magistratura Jorge Bogarín, declarado “significativamente corrupto” por los Estados Unidos.
La jueza Garcete es recordada por decisiones judiciales altamente cuestionadas. Además, en otro fallo polémico, liberó a un feminicida de una joven de 17 años y favoreció a un exagente policial condenado por abuso sexual infantil.
Otra figura que genera repudio es la jueza Teodolina María de Fátima Burró, ternada para el Tribunal de Apelaciones en lo penal. Su historial incluye decisiones favorables a policías involucrados en casos de abuso de la fuerza y el blanqueo a políticos de la zona. Recientemente, otorgó arresto domiciliario a la líder de una red de sextorsión y robo agravado en Ciudad del Este, lo que ha incrementado las sospechas sobre su actuación.
A pesar de estas nominaciones cuestionadas, la terna 3 para la Cámara de Apelaciones en lo penal incluye jueces con una mejor imagen, como Oscar Genes y Marino Méndez, este último con un desempeño aceptable, aunque lo vinculan con el clan Zacarías.
Las designaciones del Consejo de la Magistratura refuerzan las críticas sobre la falta de independencia del sistema judicial y la injerencia política en la selección de magistrados. Mientras los cuestionamientos persistan, la percepción de impunidad y corrupción dentro de la justicia del Alto Paraná continuará debilitando la confianza ciudadana en las instituciones.
El abogado Mauro Barreto, miembro del Colegio de Abogados del Alto Paraná, refirió que el gremio hará llegar a la Corte Suprema informaciones de algunos de los ternados, especialmente, sobre Aníbal Duarte y Freddy Chamorro, que llegarían al cargo a través de sus contactos políticos.
