En un sistema de justicia verdaderamente democrático, la balanza no debe inclinarse ante el poder o la influencia, sino mantenerse firme en su compromiso con la verdad. El reciente caso de presunta negligencia médica ocurrido en Ciudad del Este, donde una mujer de 41 años enfrenta secuelas irreversibles tras una cirugía estética, no solo expone las falencias de nuestro sistema de salud, sino que pone a prueba la integridad de nuestras instituciones judiciales.
Cuando una paciente acude a un profesional de la salud, deposita en él no solo su cuerpo, sino su absoluta confianza. La traición de esa confianza mediante actos de negligencia representa una de las violaciones más graves del juramento hipocrático. En el caso denunciado, un procedimiento estético se transformó en una pesadilla: una perforación intestinal no diagnosticada a tiempo derivó en una peritonitis generalizada, con consecuencias que marcarán la vida de la víctima para siempre.
Lo particularmente inquietante de este caso no es solo la presunta negligencia médica, sino los vínculos institucionales que emergen a la superficie. El sanatorio involucrado opera bajo el paraguas de una aseguradora contratada por la propia Corte Suprema de Justicia. Ante tales conexiones, surge inevitable la pregunta: ¿puede la justicia actuar con absoluta imparcialidad cuando existen estos lazos?
La ciudadanía merece y exige que las investigaciones sobre negligencia médica sean conducidas con total transparencia y rigor. No pueden existir zonas de sombra ni espacios para la complicidad entre quienes tienen la responsabilidad de juzgar y quienes deben ser juzgados. Un proceso investigativo que genere la más mínima sospecha de parcialidad no solo falla a las víctimas directas, sino que deteriora la confianza pública en el sistema judicial en su conjunto.
El caso que ahora ocupa titulares no es un hecho aislado. Las denuncias reiteradas contra ciertos centros médicos y las condenas previas por negligencia de algunos de sus responsables dibujan un patrón preocupante que demanda acción inmediata. La justicia no puede ser selectiva ni puede permitirse la apariencia de serlo.
Los funcionarios judiciales y los fiscales asignados a casos de negligencia médica deben actuar con una independencia irreprochable, conscientes de que sus decisiones serán examinadas bajo la lupa del escrutinio público. La rendición de cuentas debe ser transparente, los procesos deben ser abiertos, y las decisiones deben fundamentarse en evidencia irrefutable, no en influencias o presiones externas.
El dolor de las víctimas de negligencia médica no puede ser intensificado por la sospecha de una justicia cómplice. Cada caso debe ser una oportunidad para demostrar que nuestro sistema judicial puede funcionar con la imparcialidad que la ley demanda y que los ciudadanos merecen.
La historia nos juzgará no solo por cómo tratamos a los pacientes en nuestros hospitales, sino también por cómo tratamos a las víctimas en nuestros tribunales. Exijamos, pues, una justicia sin máscaras, donde la verdad prevalezca sobre cualquier interés particular y donde la balanza se incline únicamente hacia el lado de la justicia.
