El próximo 24 de marzo, la comerciante e influencer Milka Andrea Portillo enfrentará juicio oral y público por el delito de maltrato infantil, tras la viralización de videos que muestran brutales agresiones contra sus dos hijas menores. Pese a la contundencia de las pruebas, el Ministerio Público optó por una postura blanda, permitiendo que la acusada evite la prisión preventiva y permanezca en libertad con medidas cautelares mínimas. Ahora, la gran incógnita es si el Poder Judicial hará lo que corresponde o si, una vez más, la justicia será benevolente con una persona pública y, en este caso, con una mujer acusada de graves abusos contra sus propios hijos.
Casos como este ponen en entredicho la verdadera efectividad de las instituciones encargadas de proteger a la niñez y de garantizar que los responsables de actos de violencia reciban la sanción que merecen. No puede ser que, ante hechos tan aberrantes, la fiscalía actúe con indulgencia y evite solicitar la prisión preventiva de la agresora, pese a contar con evidencia irrefutable. La excusa de que «no existían méritos suficientes» para una medida más severa es inaceptable cuando las imágenes muestran sin lugar a dudas la violencia ejercida contra las menores.
El Ministerio Público y el Poder Judicial tienen la obligación de garantizar justicia efectiva, sin importar el género o la notoriedad pública de los acusados. En múltiples ocasiones, se ha observado cómo la justicia actúa con mano dura contra ciertos sectores, mientras que, en otros casos, se muestra extremadamente complaciente, sobre todo cuando las acusadas son mujeres. Este sesgo debe erradicarse, pues los derechos de los niños deben prevalecer por encima de cualquier otra consideración.
El juicio que se avecina es una oportunidad para que la justicia paraguaya demuestre que los derechos de la niñez realmente son una prioridad. La sociedad exige que este caso no termine con una simple reprimenda o una pena simbólica, sino con una sanción ejemplar que siente un precedente claro: los delitos de maltrato infantil no pueden ser minimizados ni tratados con indulgencia. Los niños y adolescentes son las víctimas más vulnerables y, como tal, merecen la máxima protección del Estado.
Si la impunidad se impone una vez más, se enviará un mensaje devastador a la ciudadanía: que la violencia contra los niños es un delito menor, que se puede abusar de ellos sin enfrentar consecuencias reales y que la justicia sigue midiendo con varas diferentes según quién esté en el banquillo de los acusados. Esto no puede permitirse. El 24 de marzo será un día clave para saber si realmente avanzamos hacia una sociedad que protege a su infancia o si seguimos atrapados en un sistema que privilegia a los agresores por encima de las víctimas.
