En Paraguay, el derecho a la protesta es legítimo, pero no puede ejercerse de manera absoluta y sin límites. El bloqueo total e indefinido de rutas nacionales, como el que se ha observado en Hernandarias con los exobreros de Itaipu, no es una simple manifestación, sino una forma de terrorismo de Estado que atenta contra los derechos fundamentales de miles de ciudadanos. Lo más grave de esta situación es la inacción de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley: la Policía Nacional y el Ministerio Público.
La Constitución Nacional consagra el derecho a la libre circulación, un principio básico en cualquier sociedad democrática. Sin embargo, en Paraguay, este derecho parece ser pisoteado con total impunidad cuando grupos de manifestantes deciden apropiarse de las rutas nacionales, sometiendo a la población a un calvario injustificado. Lo que ocurre en Hernandarias no es una lucha por la justicia; es una imposición arbitraria de la voluntad de unos pocos sobre el bienestar de toda una comunidad.
El reclamo de los exobreros de Ia represa ya ha sido desestimado por la propia entidad binacional y por la Corte Suprema de Justicia. No existe base legal para su demanda de casi 1.000 millones de dólares, pero aun así recurren a la extorsión vía bloqueo de rutas. Más allá de la validez o no de su reclamo, el hecho objetivo es que ninguna causa justifica paralizar el país, impedir el libre tránsito de ciudadanos y afectar la economía de toda una región.
Lo que resulta más indignante es la permisividad de las autoridades. El Ministerio Público tiene la obligación de actuar de oficio ante la comisión de hechos punibles, como la perturbación de la paz pública y la obstrucción de la libre circulación. La Policía Nacional, por su parte, no necesita una orden fiscal para actuar en flagrancia. No obstante, ambas instituciones han optado por la pasividad, permitiendo que la situación se prolongue durante días, como si la ley fuera opcional.
El argumento de que la Policía no puede intervenir sin orden fiscal es una falacia utilizada para encubrir su inoperancia. La misma normativa legal establece que, en situaciones de flagrancia, la fuerza pública tiene la potestad y la obligación de restablecer el orden. En otros países, este tipo de cierres de rutas duraría apenas minutos antes de que las autoridades actúen. En Paraguay, en cambio, se permite que el caos reine durante semanas sin consecuencias para los responsables.
Este tipo de bloqueos ilegales sientan un precedente nefasto para el país. Hoy son los trabajadores de Itaipu, mañana podría ser cualquier otro grupo de personas que, con o sin razón, decida que la mejor forma de presionar al Estado es secuestrando el derecho al libre tránsito de la ciudadanía. Y si las autoridades siguen mirando para otro lado, el mensaje es claro: en Paraguay, el que más grita y más molesta, gana.
El Gobierno debe tomar cartas en el asunto y poner un alto a esta situación. La aplicación de la ley no es una opción, sino una obligación. No se trata de criminalizar la protesta, sino de establecer límites claros para que los derechos de unos no atropellen los derechos de los demás. Es hora de que la Policía y el Ministerio Público cumplan con su deber, restituyan el orden y garanticen que nunca más un grupo de personas pueda tomar de rehén a toda una nación.
