Desde hace más de una semana, un grupo de aproximadamente 1.000 exobreros de Itaipu Binacional mantiene bloqueada en su totalidad la Ruta PY07, a la altura del barrio San Francisco de Hernandarias. La medida de fuerza, que responde a una exigencia de compensaciones económicas por valor de 940 millones de dólares, ha generado un caos sin precedentes, afectando a miles de ciudadanos que necesitan transitar por la zona para trabajar, estudiar y realizar sus actividades diarias.
Este bloqueo, además de ser irracional y perjudicial para terceros que nada tienen que ver con el conflicto, constituye una flagrante violación de la ley, que prohíbe el cierre total de rutas nacionales. Sin embargo, de manera sugestiva, tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público han optado por la inacción, permitiendo que la ilegalidad se prolongue sin consecuencias para los responsables.
Los exobreros de Itaipu insisten en el pago de beneficios laborales por el trabajo realizado durante la construcción de la hidroeléctrica, pese a que la propia entidad binacional ha desconocido reiteradamente sus reclamos, calificándolos de improcedentes. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) también ha rechazado las millonarias demandas presentadas, dejando en claro la falta de fundamento jurídico del reclamo. Aun así, los manifestantes han radicalizado su postura con el cierre total de la ruta, generando colapsos vehiculares en horarios pico y afectando a transportistas, estudiantes y trabajadores.
COMPLICIDAD DE LA FISCALÍA Y LA POLICÍA
El papel de las autoridades en este conflicto es, cuanto menos, cuestionable. Pese a la evidente violación de la ley, ni la Fiscalía ni la Policía Nacional han intervenido para restablecer el orden. En Hernandarias, los agentes fiscales Adolfo Santander, Natalia Montanía y Miguel Figueredo han permanecido impasibles ante el bloqueo ilegal, omitiendo su deber de imputar a los responsables. Por su parte, la Policía Nacional alega necesitar una orden fiscal para actuar, mientras sus patrulleras se limitan a observar pasivamente el caos.
El derecho a manifestarse está garantizado en la Constitución Nacional, pero dentro de los límites de la legalidad. El artículo 41 de la Carta Magna garantiza el derecho al tránsito y a la residencia, mientras que el artículo 108 establece la libre circulación de productos en el país. Ambos principios están siendo vulnerados por los exobreros de Itaipu con su accionar.
El Código Penal paraguayo, en su artículo 216, sanciona con penas de hasta tres años de prisión a quienes obstaculicen la libre circulación en las rutas. Asimismo, la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial nº 5016/14 exige autorización previa para el uso especial de la vía pública y establece requisitos estrictos para garantizar que el tránsito normal pueda mantenerse por vías alternativas. Nada de esto se ha cumplido en Hernandarias, y la impunidad de los manifestantes solo se explica por la falta de voluntad de las autoridades para hacer valer el estado de derecho.
Diversos sectores han señalado que la Fiscalía y la Policía habrían recibido «órdenes superiores» de no intervenir, lo que explicaría su pasividad ante una situación que afecta gravemente a la ciudadanía. Abogados y expertos en derecho han enfatizado que los cabecillas de la manifestación ya debieron haber sido identificados e imputados por hechos punibles como perturbación de la paz pública, coacción e incitación a cometer delitos. Sin embargo, la impunidad persiste, alimentando un preocupante precedente de anarquía.
Mientras miles de ciudadanos ven vulnerados sus derechos por el accionar de un grupo de manifestantes y la desidia de las autoridades, el país entero observa cómo el Estado de derecho se desmorona frente a la complacencia de quienes deberían garantizarlo.
