El Ministerio Público no puede seguir mirando para otro lado ante las evidentes irregularidades en la administración municipal de Presidente Franco. A más de cinco meses del inicio de la investigación sobre la escandalosa refacción del polideportivo municipal, la Fiscalía sigue sin imputar al intendente Roque Godoy y a su director de Obras, Cristhian Ortiz, a pesar de las contundentes denuncias presentadas por el concejal Hugo Mendoza.
Esta dilación injustificada en el proceso no hace más que alimentar sospechas de un posible «blanqueo» de los hechos, lo que refuerza la percepción de impunidad y corrupción dentro de la administración municipal. El fuerte tufo a que se habrían pagado coimas para dejar el caso en el “oparei” es innegable, sobre todo teniendo en cuenta las pretensiones electoralistas de Godoy y su esposa, Roya Torres, quien busca sucederlo en el cargo en 2026.
La denuncia presentada por el concejal Mendoza detalla que la Municipalidad de Presidente Franco adjudicó de manera fraudulenta la obra y pagó G. 464 millones a la empresa constructora Fann S.A. tras certificarla como finalizada, cuando en realidad los trabajos ni siquiera habían comenzado dentro del plazo establecido. Estamos ante un posible caso de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, delitos graves que hasta ahora han sido ignorados por la agente fiscal Thais García.
La asignación del caso a una unidad fiscal ordinaria, en lugar de la especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, despierta serias dudas sobre la imparcialidad de la investigación. ¿Por qué la Fiscalía evita profundizar en un caso que involucra un claro manejo irregular de fondos públicos? ¿Por qué, a pesar de las pruebas documentales contundentes, sigue sin haber imputaciones?
La estrategia de minimización adoptada por el intendente Godoy es tan burda como inverosímil. Alega que se trató de «errores de cálculo» en el proyecto original y que la falta de carga de hormigón armado elevó el costo de la obra a G. 764 millones, diferencia que supuestamente sería absorbida por la empresa adjudicada. Sin embargo, estas justificaciones no resisten el menor análisis, sobre todo cuando la municipalidad ya había certificado la obra como terminada y la incluyó en la rendición de cuentas de 2023.
Lo cierto es que el expediente sigue estancado sin avances significativos, mientras la ciudadanía observa con indignación cómo la justicia parece actuar con lentitud cuando se trata de políticos influyentes. Mendoza ha advertido que la falta de imputación luego de cinco meses solo confirma el temor de que la causa termine en la impunidad mediante arreglos extraoficiales entre la fiscal y el intendente.
El Ministerio Público tiene la responsabilidad de actuar con firmeza y celeridad en este caso. La certificación de una obra inconclusa, el pago indebido a una empresa y la evidente intención de encubrir los hechos no pueden quedar sin sanción. Si la Fiscalía sigue dilatando el proceso, solo estará confirmando la percepción de que en Paraguay la corrupción es la regla y la justicia la excepción.
La ciudadanía exige transparencia, respuestas y, sobre todo, justicia. No basta con abrir expedientes que terminan archivados por presiones políticas o arreglos en la sombra. Es momento de que el Ministerio Público demuestre que está del lado de la legalidad y no de la impunidad. De lo contrario, los corruptos seguirán saqueando las arcas públicas con total descaro, seguros de que jamás serán castigados.
