A más de cinco meses del inicio de la investigación sobre presuntas irregularidades en la refacción del polideportivo municipal de Presidente Franco, la Fiscalía sigue sin imputar al intendente Roque Godoy y al director de obras Cristhian Ortiz, a pesar de las contundentes denuncias presentadas por el concejal Hugo Mendoza. La demora genera sospechas de un posible «blanqueo» de los hechos, lo que refuerza la percepción de impunidad y corrupción dentro de la administración municipal. Hay fuerte tufo a que se habrían pagado coimas para dejar en el “oparei” el caso y así no apeligrar las pretensiones electoralistas del intendente Roque Godoy y su esposa, Roya Torres, quien pretende sucederlo en el cargo en 2026.
Recordemos que el concejal Hugo Mendoza (ANR) había denunciado que la Municipalidad de Presidente Franco adjudicó fraudulentamente la obra y pagó G. 464 millones a la empresa constructora Fann S.A. tras certificar la obra como finalizada, cuando en realidad los trabajos ni siquiera habían comenzado dentro del plazo establecido. Esta denuncia llevó a la apertura de una causa en el Ministerio Público, en la que se investiga la presunta comisión de delitos como lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
Sin embargo, la agente fiscal Thais García, encargada de la causa, aún no ha formulado imputación alguna contra los acusados. La asignación del caso a una unidad fiscal ordinaria, en lugar de la especializada en delitos económicos y anticorrupción, despierta dudas sobre la imparcialidad y profundidad de la investigación. Mendoza sostiene que el caso amerita una pesquisa más rigurosa y transparente, algo que hasta ahora no se ha evidenciado en el proceso.
“ERRORES DE CÁLCULO”
A pesar de las pruebas documentales presentadas, que incluyen actas de recepción definitiva fechadas en enero y reportes de gastos en la rendición de cuentas de 2023, el intendente Roque Godoy ha minimizado las denuncias, argumentando que se trató de «errores de cálculo» en el proyecto original. Según su versión, la falta de carga de hormigón armado elevó el costo de la obra a G. 764 millones, diferencia que supuestamente sería absorbida por la empresa adjudicada. Sin embargo, estas declaraciones no convencen y, por el contrario, refuerzan las sospechas de manejos irregulares.
La inacción de la Fiscalía preocupa a sectores políticos y ciudadanos, ya que el expediente sigue estancado sin avances significativos. Mendoza advierte que la falta de imputación luego de cinco meses solo confirma el temor de que la causa termine en la impunidad, mediante arreglos extraoficiales entre la fiscal y el intendente.
Los antecedentes del caso reflejan que la dirección de obras de la Municipalidad certificó como terminadas las obras del polideportivo dentro del plazo estipulado en el contrato, que establecía 60 días a partir del 2 de noviembre de 2023. Sin embargo, en la práctica, las obras solo finalizaron en junio de este año. Aun así, la refacción del polideportivo fue incluida en la rendición de cuentas del año pasado como una obra concluida.
Cuando la denuncia tomó estado público y quedó en evidencia que los trabajos estaban inconclusos, la municipalidad y la contratista intentaron corregir las falencias con algunas mejoras apresuradas, aunque sin cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato. Este hecho refuerza la percepción de que la obra fue manejada con absoluta discrecionalidad y con el objetivo de beneficiar a intereses particulares.
La ciudadanía sigue expectante sobre el desenlace de la investigación, mientras que las autoridades judiciales continúan sin brindar respuestas claras. El temor de que la Fiscalía encubra estas irregularidades aumenta con el paso del tiempo, lo que deja en evidencia la fragilidad del sistema de control y sanción en casos de corrupción municipal.
