La comisión de bienestar comunitario de la Junta Municipal dictaminó ayer la clausura definitiva de las canteras que operan en Presidente Franco durante sesión ordinaria. Los ediles respondieron así a la nota presentada por los vecinos afectados del barrio Santa Inés y alrededores, la semana pasada. La decisión de los concejales fue unánime, alegando que existen ordenanzas y resoluciones que deben cumplirse, y derivaron a la intendencia.
La ejecución de la decisión de la Junta pasa al campo del ejecutivo municipal para dar curso o vetar. También se descartó la probabilidad de realizar una reunión con los propietarios de las cuestionadas canteras, la intendencia y representantes de la corporación legislativa, debido a que los pobladores ya no quieren conversar con los empresarios.
La comisión de bienestar comunitario fundamentó que el dictamen favorable al pedido de los vecinos se debe a que existen ordenanzas municipales y declaración de interés distrital. Ahora está en manos del intendente Roque Godoy, quien deberá asumir una postura al respecto. El conflicto por este tema se viene arrastrando desde hace tiempo en Pdte. Franco.
Durante el debate, la mayoría de los concejales expresaron que ya es necesario llegar a una solución entre las partes. Cabe recordar que semanas atrás los propietarios de las canteras se presentaron en audiencia pública de la Junta Municipal y solicitaron reconsideración ante la idea de la clausura de sus empresas. Argumentaron tener las documentaciones pertinentes para explotar los minerales y generar puestos de trabajo.
PLAN DE ORDENAMIENTO
El concejal Hugo Mendoza puntualizó en el debate del mismo tema sobre la urgencia de aplicar un plan de ordenamiento territorial para no seguir repitiendo la misma historia en el futuro. “Es urgente planificar el ordenamiento territorial en nuestra ciudad; no podemos seguir permitiendo que los empresarios vengan a invertir en una zona despoblada y luego nosotros mismos aprobamos loteamientos en sus alrededores y se presenta el problema entre ellos”.
Mendoza explicó que se debe zonificar la ciudad, distinguir el sector industrial y residencial para evitar conflictos entre empresarios y moradores cercanos. Resaltó que, a medida que se habilite el Puente de la Integración, los inversionistas estarán interesados en migrar a la ciudad y las autoridades deben estar preparadas para poner orden.
