Ciudad del Este se ha convertido, una vez más, en testigo de una realidad desgarradora: la presencia creciente de niños indígenas vendiendo caramelos o pidiendo limosnas en las calles. La escena, lejos de ser nueva, se repite con una frecuencia alarmante y desnuda la inoperancia del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), una institución que, por décadas, ha demostrado ser poco más que un sello de goma en lo que respecta a la protección y asistencia de los pueblos originarios.
A pesar de las reiteradas notificaciones de la Consejería Municipal por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (CODENI) y la Defensoría de la Niñez, el INDI sigue brillando por su ausencia. Mientras tanto, decenas de niños son expuestos al peligro en los semáforos, en la terminal y en el microcentro, obligados a mendigar para sobrevivir el día.
Los argumentos de los indígenas son siempre los mismos: carecen de apoyo estatal, necesitan alimentos, herramientas y útiles escolares para regresar a sus comunidades. Sin embargo, ante este clamor, el INDI parece no solo estar ausente, sino completamente indiferente. No responde a los llamados ni a las notas enviadas por las instituciones encargadas de la niñez, demostrando un nivel de negligencia que raya en lo criminal.
Esta situación no es solo un problema de pobreza, sino de desidia estatal. Los indígenas provienen de municipios de Caaguazú y sectores alejados de Alto Paraná, donde la falta de oportunidades y el abandono gubernamental los obliga a trasladarse a la ciudad para sobrevivir. Y cuando llegan, se topan con la misma indiferencia que enfrentan en sus tierras: la Gobernación les dice que no puede ayudar a quienes vienen de otros departamentos, y el INDI simplemente no aparece.
Mientras las autoridades se desentienden, la niñez indígena sigue pagando las consecuencias de un Estado que los olvida sistemáticamente. Niñas con bebés en brazos, niños expuestos al frío y al hambre, familias acampando en condiciones infrahumanas, todo esto ocurre a la vista de una sociedad que, si bien intenta ayudar con gestos solidarios, no puede reemplazar la responsabilidad estatal.
El INDI necesita, de una vez por todas, asumir el rol para el cual fue creado. No se trata solo de repartir cestas básicas, sino de articular soluciones reales y sostenibles que permitan a las comunidades indígenas vivir dignamente en sus territorios. La mendicidad infantil de los pueblos originarios en las calles de Ciudad del Este no es solo un reflejo de la crisis social, sino un testimonio vergonzoso del abandono crónico de una institución que, en teoría, debería velar por ellos.
