La justicia paraguaya, que debería ser el pilar de la democracia y la transparencia, se ha convertido en un arma de intimidación política. La ofensiva judicial contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, es una muestra preocupante de cómo el Ministerio Público y el Poder Judicial han dejado de ser garantes del Estado de derecho para transformarse en operadores políticos de intereses oscuros.
No es casualidad que, apenas un día después de que Prieto denunciara ante la Fiscalía General del Estado el «terrorismo de Estado» que sufre, fiscales de Asunción hayan llegado a Ciudad del Este con una nueva embestida disfrazada de peritaje. ¿Por qué esta celeridad solo se aplica en los casos que involucran a un opositor incómodo? ¿Por qué la justicia se ensaña con Prieto mientras tantos otros casos de corrupción real duermen en los cajones de la Fiscalía?
La falta de notificaciones a la defensa, los procedimientos sorpresa y la obstaculización del derecho a acompañar las verificaciones son solo algunos de los elementos que evidencian una campaña de hostigamiento sistemático. No buscan esclarecer la verdad; buscan desgastar y deslegitimar a Prieto.
El dato es ineludible: de 42 denuncias abiertas, 31 deberían haber sido desestimadas por falta de pruebas. En al menos tres casos, la propia Fiscalía había solicitado el archivo por peritajes que confirmaban la correcta ejecución de las obras. Sin embargo, jueces temerosos o comprometidos políticamente mantienen abiertos expedientes que deberían estar cerrados hace tiempo. ¿Qué objetivo tiene esto? Muy simple: mantener a Prieto bajo la sombra de la sospecha, impedir su crecimiento político y frenar su posible candidatura presidencial en 2028.
El fiscal general Emiliano Rolón, en lugar de garantizar una administración imparcial de justicia, se mantiene en un silencio cómplice, permitiendo que la Fiscalía se convierta en un instrumento de venganza. Mientras tanto, el país observa cómo el sistema judicial se usa no para combatir la corrupción, sino para destruir a quienes desafían al poder de turno.
Si la justicia paraguaya fuera realmente independiente, actuaría con la misma energía contra quienes han saqueado el país. Sin embargo, los verdaderos corruptos siguen libres y protegidos, mientras Prieto es sometido a un calvario judicial sin fundamentos. No se trata de defender a una persona en particular, sino de advertir sobre un patrón de persecución que nos afecta a todos. Porque cuando la justicia se convierte en un arma política, la democracia está en peligro.
