TIEMPO EN ALTO PARANÁ

Defensa del intendente Miguel Prieto denuncia persecución fiscal disfrazada de investigación

Los fiscales que vinieron de Asunción para investigar supuestas irregularidades estarían cometiendo todo tipo de anomalías, en el marco de la investigación.

Una comitiva fiscal llegada desde Asunción para investigar obras municipales ejecutadas durante la gestión del intendente Miguel Prieto es cuestionada por la defensa técnica del jefe comunal por presuntas irregularidades procedimentales que -según sostiene- evidencian un patrón de persecución contra el ejecutivo municipal. La abogada Gilda Portillo advierte sobre procedimientos sorpresivos y falta de transparencia por parte de fiscales que investigan al lord mayor de Ciudad del Este.

Tres fiscales de la unidad de anticorrupción y delitos económicos del Ministerio Público (Luz Guerrero, Marlene González y Néstor Coronel) están realizando peritajes sobre 38 obras de empedrado ejecutadas por la Municipalidad de Ciudad del Este entre 2019 y 2023, respondiendo a una denuncia de la Contraloría Ciudadana contra el intendente Miguel Prieto y el actual presidente de la Junta Municipal, Sebastián Martínez.

La abogada Gilda Portillo, defensora de las autoridades municipales, denunció en entrevista exclusiva con radio La Clave (103.9 FM) que los agentes fiscales no notificaron sobre estas intervenciones y dificultan activamente el acompañamiento de la defensa.

“Los fiscales realizan estos procedimientos de manera sorpresiva, sin notificar a las partes involucradas en la causa. Me enteré de las intervenciones a través de la prensa y tuve que ubicar a la comitiva del Ministerio Público, que tampoco facilita información suficiente para que podamos acompañar el peritaje”, explicó Portillo.

Según relató la abogada, particularmente la fiscal Marlene González se rehúsa a recibir colaboración de la defensa. “Somos como agentes del FBI y tenemos que andar detrás de la camioneta del Ministerio Público para seguirles y poder, prácticamente en contra de la voluntad de los fiscales, controlar los trabajos que están realizando”, denunció.

La situación llegó al punto en que González incluso se negó a informar sobre su ubicación cuando la defensa intentó contactarla. “Esta mañana la fiscal Marlene González se negó a dar la ubicación donde estaban realizando la verificación. No así el fiscal Néstor Coronel, que sí indicó en qué parte estaban”, comentó la defensora.

“PERICIA DISFRAZADA” PARA EXCLUIR A LA DEFENSA

La estrategia empleada por la Fiscalía, según Portillo, busca deliberadamente dejar fuera del proceso a la defensa. “Para no darle intervención a la defensa, ellos crean una figura de ‘constitución’ y traen a peritos a medir la obra. Pero eso se tiene que realizar a través de una pericia donde la defensa debe tener intervención”, explicó.

“En realidad, están haciendo una pericia disfrazada de acto investigativo, disfrazada de constitución. Es una pericia disfrazada para excluir a la defensa del proceso”, enfatizó la abogada.

La preocupación principal expresada por la defensa es que, al no conocer la zona, los fiscales podrían verificar obras incorrectas, generando informes erróneos que perjudicarían a los denunciados. “Todas las obras están en su lugar, fueron realizadas, pero nos preocupa que no hagan correctamente las visitas porque son de Asunción, no conocen la zona”, advirtió Portillo. “Si hay una obra que costó G. 110 millones, por dar un ejemplo, y ellos se van y miran otra obra que costó menos y se equivocan, pueden pasar un informe erróneo”. Lo más llamativo es que la comitiva fiscal no cuenta con apoyo de funcionarios locales de la Fiscalía ni técnicos que conozcan la zona, lo que aumenta el riesgo de errores en la verificación.

La denuncia que investiga el Ministerio Público se refiere a supuestas irregularidades en “Transferencia de Fondos de Capital a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro”, administrados entre 2019 y mayo de 2023. En la causa 11.064, Prieto y Martínez (este último exdirector de desarrollo social) son denunciados por supuestos hechos punibles de “roducción inmediata de documentos públicos de contenido falso, lesión de confianza y asociación criminal”.

El procedimiento continuará en los próximos días para verificar las 38 obras denunciadas, mientras la defensa intenta ejercer un control sobre las verificaciones, a pesar de las dificultades impuestas por los fiscales.

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