El tan anunciado programa Hambre Cero, que prometía garantizar alimentación de calidad para los escolares, arranca con las mismas falencias que han marcado la provisión del almuerzo escolar en Paraguay: productos en mal estado, condiciones insalubres y empresas cuestionadas que siguen beneficiándose con contratos millonarios, pese a su largo historial de denuncias por irregularidades y corrupción.
Las primeras semanas del año lectivo 2025 ya han sacado a la luz graves denuncias sobre la calidad de los alimentos suministrados por Copacabana S.A. y Fasv Import-Export, dos firmas que parecen inamovibles en las licitaciones del sector educativo del Alto Paraná. En la escuela Dr. Jorge Rubén Peña, en Presidente Franco, docentes reportaron que Copacabana entregó frutas y verduras podridas, sin el mínimo cuidado sanitario. En otras instituciones, los alimentos llegaron en bolsas de plástico arrojadas en el suelo de cocinas precarias, sin respetar las condiciones de almacenamiento básicas para evitar su descomposición.
Las imágenes son elocuentes: bananas, piñas y naranjas en estado de putrefacción, verduras expuestas a la contaminación y, lo que es peor, la total ausencia de un control serio por parte de las autoridades. No se trata de casos aislados. Denuncias similares provienen de la Escuela Básica Nº 6812 y de la escuela indígena Alfredo Plá, ambas en Presidente Franco, donde Fasv Import-Export también tiene a su cargo la provisión de alimentos.
Las credenciales de estas empresas son preocupantes. Copacabana S.A., que figura a nombre de Teófilo Amarilla Silvero pero que en realidad sería controlada por el Clan Zacarías, ha sido denunciada reiteradamente por entregar comida en condiciones deplorables. Basta recordar que en 2024, padres de la Escuela Saltos del Monday denunciaron que sus hijos recibieron hamburguesas semicrudas con gusanos. A pesar del escándalo, las «inspecciones» municipales concluyeron que “todo estaba en orden” y que las instalaciones eran «de primer mundo». No hubo sanciones, y la empresa sigue monopolizando contratos con la Gobernación y varias municipalidades.
El caso de Fasv Import-Export no es menos indignante. Propiedad de la seccionalera colorada Fátima Sartorio, esta firma ha sido favorecida con licitaciones en administraciones municipales como las de Minga Guazú y Ciudad del Este, pese a los informes de la Contraloría que evidencian reiteradas irregularidades. Durante la pandemia, incluso fue denunciada por entregar bolsas de alimentos en estado de putrefacción, en lo que debía ser una asistencia para las familias más necesitadas.
El trasfondo de esta situación es claro: no hay voluntad política para cortar con los negociados que rodean la provisión del almuerzo escolar. Año tras año, las mismas empresas con antecedentes de corrupción siguen recibiendo contratos millonarios, gracias a un esquema de sobornos y tráfico de influencias. La Gobernación del Alto Paraná, los municipios involucrados y las entidades de control son cómplices silenciosos de este saqueo que pone en riesgo la salud de miles de niños.
La implementación de Hambre Cero se anunció con bombos y platillos como una revolución en la alimentación escolar, pero su ejecución temprana ya demuestra que la corrupción sigue siendo la regla y no la excepción. Mientras las autoridades no tomen cartas en el asunto y pongan fin a este vergonzoso esquema de licitaciones amañadas, los escolares seguirán recibiendo comida en condiciones indignas.Garantizar un almuerzo saludable no es un favor ni una concesión, es un derecho básico.
