El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, se presentó ayer en la sede de la Fiscalía General del Estado, en Asunción, para solicitar la auditoría y desestimación de 31 causas abiertas en su contra. El jefe comunal argumentó que los peritajes realizados por el Ministerio Público ya demostraron su “inocencia” y denunció ser víctima de “terrorismo de Estado”.
Acompañado de su equipo de abogados, Prieto expuso ante los medios su preocupación por lo que considera un uso político del sistema judicial en su contra. Según el intendente, los informes periciales han confirmado que las obras en cuestión, como pozos artesianos, plazas y la costanera de Ciudad del Este, han sido ejecutadas correctamente y sin sobrefacturación. Pese a ello, sostuvo que las causas que pesan sobre él se mantienen abiertas por presiones políticas.
Destacó que, a pesar de la solicitud de desestimación presentada por el fiscal Juan Manuel Ledesma hace más de dos años, ningún juez ha resuelto a su favor. Sin embargo, denunció que en agosto de 2023, con el cambio de Gobierno, el fiscal Silvio Corbeta revocó las solicitudes de desestimación sin contar con una resolución de intervención, logrando la aceptación de su pedido en solo un día. Esta aparente celeridad en su contra contrasta, según Prieto, con la dilación de los procesos cuando le favorecen.
“Lo que están haciendo conmigo es terrorismo de Estado”, afirmó el intendente, quien considera que la Fiscalía está recibiendo órdenes de “órganos extrapoder” para frenar la desestimación de las causas. Como ejemplo de lo que califica de absurdos procesos en su contra, mencionó una denuncia por el supuesto cobro indebido de 3.500 guaraníes. “Imprimir la hoja salió más caro”, ironizó.
El lord mayor esteño sugirió que el trasfondo de estas denuncias podría estar relacionado con una estrategia para bloquear una posible candidatura suya en el 2028. Al ser consultado sobre esta hipótesis, el intendente respondió con cautela: “Creo que por ahí va la mano”.
Insistió en que la Fiscalía General debe intervenir para revisar los expedientes y confirmar su inocencia en al menos 31 de las 42 causas abiertas. “Las pruebas ya están, los peritajes confirman mi inocencia y el juicio sigue. No se animan a resolver ni una sola causa”, reclamó.
