El abogado Blas Pereira, de oscuros antecedentes y señalado en reiteradas ocasiones por tráfico de influencias, se convirtió en el principal nexo para que empresarios extranjeros cuestionados accedan a millonarias licitaciones con el Estado paraguayo. Su estrecha relación con el vicepresidente Pedro “Mangui” Alliana y otros influyentes políticos le habría permitido asegurar contratos estatales para firmas con serios antecedentes de violaciones laborales, en detrimento de empresas nacionales.
Uno de los casos más escandalosos involucra a la maquiladora Hoahi SA, propiedad del empresario chino Long Jiang, que ha sido denunciada en numerosas ocasiones por abusos laborales. A través de las gestiones de Pereira y con la aparente venia de Alliana, Jiang logró una licitación por más de USD 35 millones con Itaipu Binacional para la provisión de mobiliarios escolares. Sin embargo, a pesar de que el año lectivo 2025 ya inició, la empresa Kamamya S.A., de la cual Jiang es accionista principal, aún no ha entregado un solo mueble.
La subasta a la baja electrónica realizada por Itaipu Binacional para la adquisición de mobiliarios escolares, por un monto de G. 276.348 millones (más de 35 millones de dólares), estuvo rodeada de polémicas. La firma Kamamya S.A. fue beneficiada a pesar de las denuncias sobre incumplimiento de requisitos técnicos y la falta de experiencia en la fabricación de muebles. Su especialidad, de hecho, es la producción de frazadas.
Empresas nacionales y la Asociación de Metalúrgicos del Paraguay han denunciado que los pliegos de la licitación contenían especificaciones imposibles de cumplir para la industria local, favoreciendo así la importación de insumos desde China. Esto pone en evidencia un direccionamiento del proceso en beneficio de Jiang y su empresa.
OPERADOR POLÍTICO CON NEGRO HISTORIAL
El leguleyo Blas Pereira, exjefe de gabinete de la destituida intendente de Ciudad del Este Sandra McLeod y hermano del juez civil Juan Pereira, ha sido señalado por su rol clave en el esquema de tráfico de influencias dentro de la administración pública. Su cercanía con Alliana no solo le ha servido para garantizar impunidad a empresarios como Long Jiang, sino también para asegurarse beneficios económicos a través de adjudicaciones estatales.
Las denuncias contra Pereira no son nuevas. Ha sido acusado de manejar esquemas de cobro de comisiones a proveedores y funcionarios a cambio de liberar pagos, además de estar involucrado en redes de contrabando y presionar jueces y fiscales para favorecer sus intereses y los de su círculo cercano. Su vínculo con Rodrigo Blanco, hijo del exministro de la Corte Suprema Sindulfo Blanco, refuerza las sospechas sobre su influencia en el sistema judicial.
La empresa Hoahi SA, de Long Jiang, ha sido denunciada por múltiples violaciones laborales que incluyen jornadas extendidas sin pago de horas extras, despidos arbitrarios, restricciones en el uso de sanitarios y condiciones insalubres en sus instalaciones. No obstante, el Gobierno paraguayo, en una decisión sumamente cuestionable, reconoció a la firma en 2024 por su “aporte a la creación de empleo”. Detrás de esta distinción se encuentra, según denuncias, la mano de Alliana y Pereira, en un intento por blindar los negocios de Jiang y mantener el flujo de dinero que financia proyectos políticos.
Pese a la gravedad de las denuncias, organismos como el Ministerio de Trabajo han optado por la inacción, permitiendo que empresarios inescrupulosos continúen operando sin sanciones. Esta complacencia no solo debilita la protección de los trabajadores, sino que evidencia la corrupción que permea las instituciones en nuestro país.
