Los vecinos del barrio Santa Inés de Presidente Franco finalmente lograron el compromiso de la Municipalidad para clausurar las canteras que operan irregularmente en la zona. Sin embargo, detrás de esta problemática emerge un entramado de corrupción y negligencia institucional que permite a estas empresas explotar recursos naturales sin el más mínimo criterio técnico ni ambiental, amparadas en licencias otorgadas por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), presumiblemente a cambio de coimas. También se presume de complicidad de fiscales del medio ambiente y de la Dimabel en este negocio millonario, según lo indicado por fuentes.
El pasado martes, los propietarios de las canteras afectadas se presentaron ante la Junta Municipal para solicitar una prórroga de cinco años con el argumento de que necesitan tiempo para trasladarse a otras áreas, como Puerto Península o Los Cedrales. Los empresarios advirtieron que, en caso de que la Municipalidad mantenga la clausura, recurrirán a instancias judiciales para revocar la decisión. Este hecho ha generado indignación entre los pobladores, quienes cuestionan cómo estos negocios, a pesar de sus graves impactos ambientales y sociales, cuentan con el respaldo del MADES.
La legalidad de las licencias expedidas por el MADES siempre ha sido objeto de controversia. Los vecinos denuncian que estas habilitaciones fueron obtenidas mediante pagos irregulares, ya que, de otro modo, no se explicaría la continua operación de las canteras a pesar de las constantes quejas por contaminación, explosiones y daños estructurales en viviendas cercanas. El Ministerio Público, que debería investigar de oficio estos hechos, hasta el momento ha hecho caso omiso a las denuncias.
El caso es aún más grave si se tiene en cuenta que la Ley nº 4738/2012 declara la zona de los Saltos del Monday como Área Silvestre Protegida, lo que restringe cualquier tipo de explotación minera en la región. En este contexto, la actividad de las canteras en Santa Inés es completamente ilegal, reforzando el reclamo de los vecinos que exigen medidas urgentes para proteger el ecosistema y la calidad de vida en su comunidad.
EXPLOSIVOS SIN CONTROL
Otro aspecto alarmante es el deficiente o nulo control de la Dirección de Material Bélico (DIMABEL) sobre el uso de explosivos en estas canteras. Varias veces se han reportado robos de dinamita y otros materiales utilizados para la explotación de piedra basáltica, los cuales posteriormente han sido empleados en millonarios asaltos a entidades financieras. Pese a estos antecedentes, la DIMABEL sigue permitiendo que estas empresas operen con explosivos de forma indiscriminada, sin garantizar la seguridad en su almacenamiento y manejo.
La permisividad de DIMABEL no solo representa un riesgo para los pobladores del barrio Santa Inés, sino que también contribuye a la proliferación del crimen organizado, que se nutre de estos materiales para perpetrar hechos delictivos de gran impacto. La falta de controles y sanciones a las empresas responsables de la pérdida de explosivos evidencia una preocupante complicidad entre autoridades y empresarios, quienes continúan lucrando sin asumir ninguna responsabilidad.
CONFLICTO PODRÍA IR A TRIBUNALES
Si bien la Municipalidad de Presidente Franco ha dado un ultimátum a los empresarios para que cesen sus operaciones en Santa Inés, la resistencia de estos y sus amenazas de recurrir a la justicia podrían prolongar el conflicto. En caso de que el litigio llegue a instancias judiciales, los antecedentes de permisividad y corrupción en torno a las canteras hacen temer que el fallo favorezca a los empresarios, dejando a los vecinos indefensos ante la contaminación y los peligros que representan estas explotaciones.
El caso de las canteras de Santa Inés es una muestra más de cómo la falta de regulación efectiva y la corrupción en instituciones clave como el MADES y la DIMABEL permiten la destrucción del medio ambiente, en detrimento de la calidad de vida de miles de habitantes, que hace años vienen clamando por una solución a las autoridades.
