
Esta mañana, el pleno de la Corte Suprema de Justicia aceptó las renuncias de las juezas Sadi López y Ana Aguirre, implicadas en el caso Lalo Gate. Además de la aprobación de la renuncia de dichas magistradas, otras dos fueron suspendidas sin goce de sueldo. En ese contexto, la Máxima Instancia ordenó una investigación preliminar en contra del Abg. Álvaro Rojas Almirón.
En consecuencia a todo el caos ocasionado por la revelación de los chats del diputado extinto Eulalio Lalo Gómez, salieron a la luz varias conversaciones que prueban el “intercambio de favores” entre el fallecido legislador y ambas juezas.
La Corte aceptó la dimisión dela jueza penal de garantías Sadi Estela López Sanabria, quien presentó su renuncia luego de ser expuesta por los datos encontrados en el celular de Gómez. López se apartó del cargo para jubilarse. No obstante, el ministro Eugenio Jiménez Rolón fue el único en dar un voto en contra a su renuncia, argumentando que debido “a la gravedad del caso, deberían aplicarse otras consecuencias” para la jueza.
Así también, aceptaron la renuncia de Ana Aguirre, jueza de sentencia de Amabay, misma que integró el Tribunal de Sentencia en noviembre del 2022, periodo durante el cual absolvió de toda culpa y pena al único detenido por el homicidio del periodista Leo Veras. Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrão, líder del Primer Comando da Capital (PCC) fue puesto en libertad, absuelto de toda culpa y pena.
Formando parte del mismo colegiado de Sentencia, Carmen Silva y Mirna Soto fueron suspendidas sin goce de sueldo. Las mismas, en el 2022, llegaron a ser enjuiciadas por el JEM, con relación a la absolución y liberación del supuesto narco Pereira Rivas, único detenido por el asesinato del comunicador Leo Veras.
Por otra parte, la Máxima Instancia ordenó por medio de una resolución una investigación preliminar en contra del juez de primera instancia de Pedro Juan Caballero, Abg. Álvaro Rojas, con respecto al sobreseimiento provisional y levantamiento de todas las medidas cautelares a dos presuntos miembros del grupo criminal PCC.
El 1 de abril del 2024, Alvaro Rojas firmó el Auto Interlocutorio Nº 337, haciendo lugar al pedido de la fiscal Reinalda Palacios, referente al sobreseimiento provisional y levantamiento de todas las medidas cautelares en contra de Kadú Cezar Machado y Julio Javier Benítez, ambos imputados por la Fiscalía el 6 de julio de 2023, por presunto de intento de homicidio.
El 2 de abril del 2024, Rojas envió un mensaje a Lalo Gómez, en el que remitió las documentaciones del caso y redactó: “Buenos días Sr. Diputado, conforme a lo acorado, se cumplió con esa gente”. Recién el 14 de abril del 2024, Lalo responde, envió dos imágenes eliminadas instantáneamente.