La instalación de un peaje a 500 metros del Puente de la Integración es una nueva muestra del desinterés y la falta de compromiso de las autoridades nacionales y locales con el desarrollo de Presidente Franco. En lugar de implementar medidas que fomenten la competitividad y la integración económica, el Gobierno impone una carga adicional a los ciudadanos y empresarios franqueños, quienes ya enfrentan numerosas dificultades para dinamizar la economía local.
El anuncio del peaje se dio en el marco de una reunión con la ministra Claudia Centurión, pero las autoridades locales, encabezadas por el intendente Roque Godoy, mostraron una vez más su ineficacia al no defender con firmeza los intereses de la ciudad. En tanto, la diputada Roya Torres, cuya credibilidad es ampliamente cuestionada, intenta capitalizar políticamente el rechazo a la medida con un proyecto de ley de exoneración, cuya viabilidad es incierta.
Las justificaciones del presidente Santiago Peña sobre el cobro del peaje, basadas en que este mecanismo es utilizado en todo el país y que servirá para mejorar la infraestructura, suenan vacías cuando se observa el estado de abandono en que se encuentran muchas rutas paraguayas. Mientras tanto, sectores empresariales y sociales de la región advierten que la medida afectará gravemente el comercio, el turismo y la integración con Brasil y Argentina, principales motores de la economía fronteriza.
Este atropello se suma a la reciente cancelación de la segunda etapa de la Terminal Portuaria de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), un proyecto clave para el desarrollo de Presidente Franco. La decisión de redirigir los USD 9 millones destinados a la obra hacia otros puntos del país huele a maniobra en favor de intereses privados, debilitando aún más a la ANNP frente a los puertos privados que dominan el comercio exterior paraguayo.
Las denuncias sobre la influencia del ministro de Industria y Comercio, Francisco Giménez, y otros funcionarios con vínculos en el sector privado refuerzan la sospecha de que se está allanando el camino para la instalación de un puerto privado en la cabecera del Puente de la Integración, en detrimento de la inversión pública. Además, la posible cesión de un camión scanner adquirido con fondos estatales a una empresa privada es otro indicio del desvío de recursos públicos para favorecer a sectores privilegiados.
Ante esta situación, la pasividad de las autoridades locales es alarmante. Ni el intendente ni los legisladores franqueños han demostrado la voluntad política de enfrentar estas decisiones que golpean a la ciudad. Presidente Franco parece condenada a seguir siendo la gran olvidada del Alto Paraná, con un desarrollo postergado por la inacción de sus representantes y por un Gobierno Nacional que privilegia los intereses de unos pocos por sobre el bienestar de una comunidad entera.
Si los franqueños no exigen con firmeza el respeto a sus derechos y el cumplimiento de proyectos estratégicos para su crecimiento, seguirán siendo víctimas de decisiones que los perjudican y los relegan. Es hora de que sus autoridades asuman un rol más activo y dejen de ser meros espectadores de la decadencia de la ciudad.
