
Los habitantes de Presidente Franco recibieron un nuevo duro golpe con el anuncio de la instalación de un peaje a 500 metros del Puente de la Integración, lo que generó indignación y preocupación en la ciudad fronteriza. El anuncio del peaje se dio durante la reunión que mantuvieron autoridades locales con la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión. Esta medida se suma a la reciente cancelación de la segunda etapa de la terminal portuaria de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), una decisión que podría beneficiar a intereses privados en detrimento del desarrollo local.
Ante el anuncio del peaje, la cuestionada diputada Roya Torres (PLRA), quien sería candidata a intendenta, presentó un proyecto de ley en el Congreso para exonerar a los ciudadanos de Presidente Franco del pago de esta tarifa. Sin embargo, la viabilidad de la iniciativa sigue en incertidumbre, ya que dependerá de la cantidad de votos que logre en ambas Cámaras.
Torres manifestó en sus redes sociales que se estará trabajando activamente en la propuesta. “Hemos concluido la elaboración del proyecto de ley que busca exonerar del pago de peaje a los ciudadanos de Presidente Franco en la cabecera del Puente de la Integración. En la primera sesión del año daremos entrada oficial a la propuesta y pediré el apoyo de mis colegas del Alto Paraná”, señaló la parlamentaria.
En tanto, el presidente Santiago Peña justificó la medida, señalando que el cobro de peajes es un mecanismo de financiamiento válido, que ya se aplica en varias rutas de Paraguay y Brasil. “Se cobra peaje en todo el país. Esto sirve para devolverle su plata al ciudadano y darle rutas de mejor calidad; esa es la lógica del porqué se cobra el peaje”, afirmó.
Esta posición del mandatario paraguayo contrasta con la reacción de varias organizaciones empresariales y sociales, que han expresado su oposición al peaje en los puentes internacionales, alegando que afectaría la integración fronteriza y sectores clave como el comercio y el turismo. Recordemos que el gobierno brasilero había anunciado en octubre pasado la intención de “privatizar” sus puentes internacionales (incluyendo Puente de la Amistad y Puente de la Integración), cobrando peaje. Esta medida ya se emplearía en el segundo semestre del 2025, anunciaron fuentes del gobierno del vecino país.
Entidades como la Asociación Comercial y Empresarial (ACIFI), el Consejo de Desarrollo Económico y Social (Codefoz) y el Consejo Trinacional de Desarrollo (Codetri) han manifestado su preocupación, advirtiendo que la medida podría ser contraproducente. Argumentan que el cobro del peaje en el Puente de la Integración afectaría a trabajadores, transportistas y turistas, quienes dependen del libre tránsito entre Argentina, Brasil y Paraguay.
Fernando Castro Alves, presidente de Codefoz, calificó la iniciativa como “inconcebible”, alegando que obstaculiza la cooperación regional. Por su parte, Roni Temp, titular de Codetri, advirtió que el cobro de peaje sería un retroceso que podría debilitar el modelo de integración que ha sido un referente mundial.
CANCELACIÓN DE OBRAS PORTUARIAS
A la controversia del peaje se suma la cancelación de la segunda etapa de la terminal portuaria de la ANNP en Presidente Franco. La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, informó que los USD 9 millones destinados a la obra serán redirigidos a proyectos menores en otros puntos del departamento. Esta decisión ha sido interpretada como una maniobra en favor de sectores privados, lo que podría debilitar la competitividad de la ANNP frente a los puertos privados.
Según denuncias de autoridades locales, la cancelación de la obra reducirá la capacidad operativa de la ANNP de 1.500 a solo 500 camiones, lo que afectará significativamente la recaudación estatal y municipal. Además, se ha cuestionado la posible cesión de un camión scanner adquirido por Paraguay en 2022 por USD 2 millones a una empresa privada, lo que refuerza las sospechas de un favorecimiento al sector portuario privado.
Fuentes cercanas al caso señalan que detrás de la cancelación de la obra estaría la influencia de altos funcionarios con vínculos en el sector privado, entre ellos el ministro de Industria y Comercio, Francisco Giménez, quien presidió anteriormente la Cámara Paraguaya de Puertos Privados. Se ha especulado que Giménez y su entorno ya cuentan con terrenos estratégicos en la zona del Puente de la Integración para la instalación de un puerto privado, lo que desplazaría a la ANNP.
El anuncio del cobro de peaje y la cancelación de obras portuarias representan duros reveses para los franqueños, quienes ven cómo decisiones gubernamentales afectan directamente el desarrollo económico de su ciudad. A pesar de las críticas y denuncias, las autoridades locales, encabezadas por el intendente Roque Godoy y los diputados presentes en la reunión con el MOPC, no han tomado una postura firme en defensa de los intereses de Presidente Franco.