La reciente cancelación de la segunda etapa de la Terminal Portuaria de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) en Presidente Franco representa un duro golpe para el desarrollo de la ciudad y pone en evidencia la injerencia de poderosos sectores privados en las decisiones del Gobierno Nacional.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) ha decidido redirigir los USD 9 millones destinados a esta infraestructura a otros proyectos menores en el departamento, ignorando el impacto negativo que esta medida tendrá en la operatividad del Puente de la Integración. Esta decisión, lejos de ser un simple ajuste presupuestario, responde a intereses empresariales que buscan debilitar la presencia del Estado en el sector portuario para favorecer a operadores privados.
Las sospechas recaen sobre el ministro de Industria y Comercio, Francisco Giménez, ex presidente de la Cámara Paraguaya de Puertos Privados, quien junto con su entorno habría maniobrado para frenar la expansión de la ANNP y así abrir espacio para la instalación de puertos privados en la zona. De confirmarse estas versiones, estaríamos ante un caso de tráfico de influencias de altísimo nivel, donde las autoridades nacionales han decidido ceder ante la presión empresarial en perjuicio de los intereses del país.
El impacto de esta decisión no solo afectará la competitividad de la ANNP, sino que también significará una drástica reducción en la capacidad operativa de la terminal, pasando de 1.500 a apenas 500 camiones. Esto se traducirá en una menor recaudación para el Estado y los municipios, debilitando el desarrollo local y generando un grave precedente en la gestión de los recursos públicos.
Aún más preocupante es la aparente cesión de un costoso camión scanner, adquirido con fondos estatales, a una empresa privada. ¿Cómo es posible que un equipo de seguridad de esta envergadura termine en manos de particulares? Esta acción refuerza la idea de que el Gobierno está más interesado en beneficiar a ciertos grupos económicos que en garantizar la transparencia y la equidad en la administración de los recursos públicos.
La reacción de las autoridades locales ante este atropello ha sido decepcionante. Si bien al principio se mostraron indignadas y amenazaron con movilizaciones, rápidamente cambiaron de postura y se conformaron con la promesa de obras menores, como la duplicación de la Avenida Bernardino Caballero. Con este proceder, han demostrado su falta de compromiso con los intereses de la ciudad y su predisposición a aceptar migajas en lugar de exigir lo que realmente corresponde.
El intendente Roque Godoy y los legisladores de la zona deben asumir con responsabilidad su papel y exigir explicaciones claras al Gobierno. No basta con aceptar el discurso de la “buena voluntad”, cuando está en juego el desarrollo de una ciudad clave para la integración regional. La comunidad de Presidente Franco merece respuestas y acciones concretas que reviertan esta lamentable decisión.
La cancelación de la segunda etapa de la terminal portuaria no es un hecho menor. Representa un retroceso en el fortalecimiento de la infraestructura estatal y una muestra más de cómo ciertos sectores logran imponer su voluntad sobre los intereses colectivos. Si el Gobierno Nacional realmente quiere impulsar el desarrollo y fortalecer la soberanía económica, debe dejar de actuar como un títere de los grupos de poder y priorizar proyectos estratégicos que beneficien a toda la ciudadanía.
