El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) confirmó la cancelación de la segunda etapa de la terminal portuaria de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) en Presidente Franco, decisión que impactará gravemente en los ingresos tributarios del Puente de la Integración y que refuerza las sospechas de que poderosos sectores privados influyeron en la medida para favorecer sus propios intereses. Las autoridades locales, que en un principio amenazaban con movilizaciones y protestas, acabaron aceptando la decisión del MOPC e intentaron colocarle paños tibios al asunto.
En una reunión celebrada ayer, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, oficializó la cancelación de la licitación para la construcción de la segunda etapa de la terminal portuaria. Estuvieron presentes el intendente de Presidente Franco, Roque Godoy, junto con diputados y concejales que se trasladaron hasta la capital ante las crecientes versiones sobre la paralización del proyecto. Centurión informó que los USD 9 millones previstos para la obra serán redirigidos a proyectos menores en distintos puntos del departamento.
Días atrás, autoridades locales habían convocado a una conferencia de prensa para expresar su enérgico rechazo a la cancelación del proyecto, denunciando que la medida respondería a oscuros intereses empresariales. Según el comunicado emitido en esa ocasión, la suspensión de la obra reduciría drásticamente la capacidad operativa de la ANNP de 1.500 a solo 500 camiones, lo que favorecería a los puertos privados y provocaría una significativa caída en la recaudación estatal y municipal.
Otro de los puntos cuestionados es la posible cesión de un camión scanner, adquirido en 2022 por Paraguay con una inversión de USD 2 millones, a una empresa privada, lo que refuerza las sospechas de una injerencia del sector privado en la decisión gubernamental.
Según fuentes cercanas al caso, detrás de la cancelación de la obra estaría la influencia de altos funcionarios con vínculos en el sector portuario privado. En particular, las denuncias apuntan al ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, quien anteriormente presidiera la Cámara Paraguaya de Puertos Privados. Según trascendidos, Giménez y su entorno ya contarían con terrenos estratégicos en las inmediaciones del Puente de la Integración para la instalación de un puerto privado, lo que relegaría a la ANNP y la dejaría sin competitividad.
La suspensión de la terminal de cargas estatales no solo afecta a la ciudad de Presidente Franco, sino que también retrasa la plena operatividad del Puente de la Integración y las obras complementarias en la zona primaria, dejando la infraestructura a merced de los intereses privados.
TIBIAS REACCIONES LOCALES
Aunque la semana pasada hablaban de movilizaciones y protestas, las autoridades locales intentaron minimizar el impacto negativo de la cancelación. Intentando minimizar la controversia, el diputado Luis “Tiki” González expresó: “Creemos que existe una buena voluntad de resolver todos los problemas”. Aseguró que, según el MOPC, las obras de la primera etapa son suficientes para el funcionamiento de la zona primaria y que el Puente de la Integración podría operar con una capacidad de hasta 600 camiones, aunque con una dinámica diferente que mejoraría la circulación.
El legislador agregó que los USD 9 millones serán destinados a la conexión del Corredor Metropolitano del Este con la Ruta PY02 en Minga Guazú, con el fin de evitar cuellos de botella en esa zona. Por su parte, la diputada Roya Torres destacó que lograron el compromiso del MOPC para la duplicación de la avenida Bernardino Caballero, señalando que esto representaría un avance en conectividad para la ciudad.
El intendente de Presidente Franco, Roque Godoy, no ocultó su decepción tras la reunión con la ministra Centurión. “Nuestro objetivo principal era evitar la cancelación de las obras, pero lamentablemente eso quedó firme”, expresó. Pese a la negativa del MOPC de retomar la licitación, Godoy rescató como punto positivo el compromiso de ampliar la avenida Bernardino Caballero. Sin embargo, insistió en la necesidad de que el Gobierno cumpla con sus promesas y garantice el desarrollo de la zona primaria del Puente de la Integración, evitando que intereses privados perjudiquen la infraestructura estatal y los ingresos fiscales.
La cancelación de este proyecto sigue generando fuertes cuestionamientos y preocupa a distintos sectores, que ven en esta decisión una clara ventaja para los operadores privados en detrimento de los intereses nacionales.
