El Poder Judicial en la Sexta Circunscripción sigue protegiendo a jueces implicados en graves casos de presunta corrupción para beneficiar a numerosos procesados por hechos calificados como crimen. La seguidilla de “blanqueos” ocurre tanto en los juzgados de garantías como en salas penales de apelación y, según abogados, al amparo del superintendente de la circunscripción, ministro de Corte, César Diesel.
La propia presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) había prometido el inicio de investigaciones de oficio contra dos magistradas del fuero de la niñez y la adolescencia. Alicia Pucheta dijo a la corresponsal de La Clave en la capital del país que abriría causa en el órgano extrapoder que preside. Sin embargo, las dos juezas involucradas en una restitución sin fundamentos siguen operando.
Ellas son Guillermina Ramírez de Giubbi, Gladys Alicia Villamayor de Godoy y Delcy Cardozo Ramos, que ni siquiera fueron sumariadas, pese a sus aberrantes decisiones.
PROTEGIDOS DE ARRIBA
La tristemente célebre jueza penal de garantías Cinthia Garcete, incluso, fue confirmada para otro periodo de mandato por el pleno de la Corte, pese a haber preanunciado su permanencia en el cargo a cambio de dólares a miembros de la máxima instancia judicial. Una última medida en la feria fue liberar a Juan Carlos Martínez López, jefe de una banda criminal que asaltaba sin piedad en la región, pero está libre.
Miembros de tribunales de sentencia que, ante contundentes evidencias presentadas en juicios orales y públicos, determinan fallos irrisorios, siempre bajo el esquema de dos votos contra uno en sus decisorios. Los atropellos cometidos a nombre de la justicia por magistrados locales son el signo acabado del prevaricato, la falta de decoro y delicadeza, afectando hasta a camaristas penales en resoluciones selectivas.
TAMBIÉN EN FISCALÍA
La ausencia permanente del fiscal adjunto Jorge Sosa en su despacho hace que los fiscales actúen libre y concienzudamente en detrimento de la norma vigente. Basta con una auditoría aleatoria en cada unidad de la región X del Ministerio Público para determinar los horrores cometidos en casos, esencialmente en aquellos de violencia familiar y en ordinarios, donde se leen los códigos para favorecer a criminales.
El fiscal general del Estado, en su furibundo discurso al asumir el cargo, había dicho que en los primeros 100 días terminará con la corrupción, pero poco después se puso a la orden de la mafia y sigue sin atender cuestiones que deben marcar su autoridad. En estas condiciones, la impunidad seguirá siendo la marca registrada del ámbito judicial.
