El caso denunciado por el productor santarriteño Evandro Borges y su madre, Joana Borges, contra los directivos y propietarios de la empresa Tecnomyl – Agrofértil (Grupo Sarabia) es solo la punta del iceberg de un problema mucho más profundo y estructural: el avance de esquemas mafiosos que, mediante la manipulación financiera y legal, terminan despojando de sus tierras a pequeños y medianos productores agrícolas. Es un modus operandi que se ha perfeccionado con el tiempo, utilizando deudas infladas y presiones jurídicas para apoderarse de tierras altamente valiosas, bajo la complicidad o la inacción de las autoridades.
El Ministerio Público tiene en sus manos la responsabilidad de esclarecer esta denuncia y, más aún, sentar un precedente para evitar que otros productores sean víctimas de este tipo de estafas. No es un caso aislado. Existen numerosos testimonios que indican que este esquema ha sido replicado en varias regiones del país, afectando a productores que, confiados en acuerdos financieros aparentemente legítimos, terminan perdiendo todo su patrimonio. La Fiscalía no puede, bajo ningún concepto, permitir que el poder del dinero incline la balanza de la justicia.
Resulta irónico que el principal acusado, José Marcos Sarabia, haya escrito un libro titulado “Sementes de sucesso” (Semillas de éxito), donde expone las fórmulas que, según él, lo llevaron a la cima empresarial. Lo que no menciona en su obra es la serie de denuncias en su contra por maniobras fraudulentas que han dejado a varias familias sin sus tierras. Más grave aún es la presencia del presidente Santiago Peña en el prefacio del libro, lo que demuestra el nivel de influencia que este empresario extranjero tiene en las más altas esferas del poder. ¿Cómo garantizar una investigación imparcial cuando el acusado goza de cercanía con quienes deberían velar por la legalidad y la justicia?
El esquema que se denuncia sigue un patrón claro: la empresa Tecnomyl – Agrofértil adquiere deudas de terceros, las manipula, las incrementa de manera arbitraria y luego exige pagos imposibles de cumplir, presionando a los productores para que cedan sus tierras como única opción. En el caso de los Borges, el despojo alcanzó incluso propiedades que ni siquiera estaban vinculadas a la deuda original, evidenciando la falta de escrúpulos de quienes dirigen estas operaciones fraudulentas.
Si no se combate frontalmente este tipo de esquemas mafiosos, el país seguirá siendo un terreno fértil para la corrupción y el despojo. La impunidad con la que operan estas empresas es un reflejo de la debilidad institucional del Paraguay, donde el poder económico puede doblegar a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. La Fiscalía tiene la oportunidad de demostrar que no está al servicio de los poderosos, sino de la justicia y de los ciudadanos que producen y sostienen la economía nacional con su esfuerzo diario.
No se trata solo del caso de los Borges, sino del mensaje que se envía a todos los productores del país. Si la justicia no actúa con firmeza, se legitimará un sistema perverso donde el trabajo honesto es castigado y la estafa es premiada. La lucha contra estos esquemas debe ser una prioridad nacional, porque lo que está en juego no es solo la propiedad de unas pocas hectáreas, sino la soberanía económica de un país que no puede permitirse seguir cediendo ante las mafias disfrazadas de empresarios exitosos.
