Un furibundo fuego cruzado se da entre el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, y el juez especializado en crimen organizado, Osmar Legal. Es en torno al caso de los audios, resultado del peritaje hecho al celular del extinto diputado Eulalio “Lalo” Gomes. Según el primero, Legal habría violado la cadena de custodia de un elemento probatorio, que primero se filtró a un medio de comunicación de la capital.
En una suerte de “guerra” verbal, Rolón Fernández hizo una serie de reclamos públicos al comportamiento del juez Legal, a quien acusó de inmiscuirse en asuntos de investigación que son exclusivos de la representación pública. El juez le respondió con el derecho constitucional, de que “toda persona en conocimiento de hechos al margen de la ley está obligada a denunciar, como es el caso presentado a la Fiscalía General”.
Los retos entre ambas autoridades jurídicas son cada vez más elevados y cada quien se mantiene en su postura. ¿Qué pasaría si no denunciaba?, se preguntó el juez especializado.
PODER POLÍTICO Y MAFIA
Los audios remitidos a la representación pública por el juez como evidencias de su denuncia son sumamente claros en cuanto a la injerencia política para “torcer” o direccionar investigaciones contra el crimen organizado, que encabezaba el parlamentario asesinado. Daba favores a agentes fiscales y jueces; en contrapartida daba órdenes en carpetas fiscales y expedientes judiciales sobre hechos gravísimos.
Tanto jueces como fiscales se ponían a disposición del entonces ganadero, mucho antes de convertirse en parlamentario. Incluso, el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia está involucrado en contactos dudosos con el extinto diputado que ordenaba abierta y arbitrariamente direccionar los casos, principalmente aquellos en que los investigados eran cercanos suyos, como una hermana, agente fiscal, hoy jubilada.
NADIE PARA INTERVENIR
Las tramas de las revelaciones de los audios deberían haber originado investigaciones inmediatas y, cuando menos, desde la máxima instancia judicial y el Ministerio Público, se habrían ordenado suspensiones y no apenas “sumarios” encubiertos para beneficiar a los implicados en los audios. El mismo presidente de la República, Santiago Peña, permite que involucrados seriamente en el caso sigan al frente de instituciones sensibles.
En estas condiciones, los de “arriba”, pese a todas las evidencias en su contra, siguen siendo parte de la confianza del Ejecutivo. La mafia campea y la voluntad política para salir de ella no se hace presente.
