La anulación de la licitación para la construcción de la segunda etapa del edificio de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) en Presidente Franco representa un retroceso inaceptable para la habilitación del Puente de la Integración y, por ende, para el desarrollo económico de toda la región del Alto Paraná. Detrás de esta decisión del Gobierno Nacional se cierne la sombra de intereses empresariales que priorizan el beneficio privado por sobre el progreso de una comunidad entera.
La indignación expresada por el intendente de Presidente Franco, Roque Godoy, junto con legisladores, concejales y ciudadanos, es absolutamente legítima. La falta de explicaciones claras por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el silencio de las autoridades refuerzan la sospecha de que esta cancelación no responde a criterios técnicos o administrativos, sino a maniobras para favorecer a sectores que buscan monopolizar el comercio y la logística en la zona.
La interrupción de las obras portuarias estatales implica una reducción drástica en la capacidad operativa de la ANNP, pasando de 1.500 a apenas 500 camiones, lo que inevitablemente hará que el transporte de carga se desplace hacia puertos privados. Esto no solo disminuye la competitividad del puerto estatal, sino que golpea directamente la recaudación municipal y nacional. En otras palabras, menos ingresos para el Estado y mayores beneficios para unos pocos empresarios privilegiados.
Más alarmante aún es el hecho de que, debido a esta decisión, el Gobierno deberá ceder a una empresa privada uno de los camiones Scanner adquiridos con fondos públicos en 2022, en un claro acto de transferencia de recursos estatales al sector privado. Todo esto ocurre mientras el Puente de la Integración sigue sin una fecha concreta de habilitación efectiva, a pesar de ser una obra clave para el comercio y la conectividad del país con Brasil.
El ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, es uno de los principales señalados en este escándalo, debido a su pasado como presidente de la Cámara Paraguaya de Puertos Privados. Según denuncias, Giménez y su entorno ya poseen terrenos estratégicos para la instalación de un puerto privado en la zona, lo que explicaría su interés en debilitar la presencia estatal en el sector portuario. Por su parte, la ministra del MOPC, Claudia Centurión, no solo respaldó la cancelación de la licitación, sino que hasta el momento ha guardado un silencio cómplice ante las crecientes críticas.
La cancelación de estas obras complementarias no es un simple retraso administrativo, sino un golpe al desarrollo de Presidente Franco y del Alto Paraná. Es una decisión que posterga el crecimiento económico de la región, limita la generación de empleo y pone en riesgo la competitividad del país. La ciudadanía no puede permanecer indiferente ante este atropello. Si el Gobierno no revierte esta medida y no ofrece explicaciones convincentes, las protestas anunciadas por las autoridades locales no solo serán justificadas, sino necesarias. La habilitación del Puente de la Integración y la conclusión de sus obras complementarias no pueden seguir dependiendo de intereses oscuros que solo buscan lucrar a costa del bienestar de toda una comunidad.
