El intendente de Presidente Franco, Roque Godoy, acompañado de diputados altoparanaenses, concejales municipales y departamentales, expresó ayer en conferencia de prensa su enérgico rechazo a la cancelación de la licitación para la segunda etapa de las obras portuarias en la ciudad, una medida adoptada por el Gobierno que, según denuncias, respondería a oscuros intereses empresariales. El jefe comunal calificó la decisión como “unilateral y perjudicial para el desarrollo económico y social de la región”. Advirtió con manifestaciones ciudadanas, en caso de que el MOPC no conteste los pedidos de informe sobre el caso.
Godoy advirtió que esta cancelación no solo frena una inversión clave en infraestructura, sino que también limita la generación de empleo local y afecta directamente el progreso de la comunidad. “Solicitamos a la ministra del MOPC y al presidente de la República una urgente aclaración sobre los motivos reales de esta decisión tan drástica y desacertada”, sostuvo el intendente, agregando que, de no obtener respuestas, la ciudadanía tomará las calles para exigir la reanudación de la obra.
El acto contó con la presencia de los diputados franqueños Roya Torres y Luis González Vaesken, además de concejales municipales y departamentales, funcionarios de Puertos y representantes de vecinos organizados. Durante la conferencia, se dio a conocer un comunicado en el que se detallan los impactos negativos de la cancelación, entre ellos la reducción de la capacidad operativa de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) de 1.500 a 500 camiones, lo que generaría una pérdida de competitividad frente a los puertos privados y una disminución significativa en la recaudación del Estado y la Municipalidad.
Asimismo, el documento señala que, con esta medida, el Gobierno deberá ceder a una empresa privada uno de los camiones Scanner adquiridos por Paraguay en 2022 por unos USD 2 millones, lo que refuerza las sospechas de que existen intereses privados detrás de la decisión.
OSCUROS INTERESES PRIVADOS
Si bien el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) justificó la anulación de la licitación como una recomendación del Comité de Evaluación de Ofertas, sin mayores explicaciones, diversas fuentes revelan que el trasfondo de esta decisión involucra a altos funcionarios con vínculos en el sector portuario privado.
El principal señalado es el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, quien, antes de ocupar el cargo, presidió la Cámara Paraguaya de Puertos Privados. De acuerdo con denuncias, Giménez y su círculo cercano ya cuentan con terrenos estratégicos para la instalación de un puerto privado en las inmediaciones del Puente de la Integración, lo que haría que el puerto estatal de la ANNP quede relegado y en desuso.
La titular del MOPC, Claudia Centurión, también es cuestionada por su postura en el caso, ya que no solo respaldó la cancelación de la licitación, sino que guardó absoluto silencio ante las denuncias de irregularidades. La paralización de la terminal de cargas de la ANNP no solo perjudica a Presidente Franco, sino que retrasa gravemente la operatividad del Puente de la Integración y las obras complementarias en la zona primaria.
