El reciente anuncio del Gobierno paraguayo sobre el refuerzo de la presencia militar en la frontera con Argentina es, en los hechos, una admisión de la ineficacia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y de la Policía Antinarcóticos. La medida, que responde al despliegue de 300 efectivos argentinos en la provincia de Misiones, tiene como objetivo fortalecer la lucha contra el crimen organizado en los pasos fronterizos. Sin embargo, lo que subyace en esta decisión es el fracaso de las instituciones encargadas de combatir el narcotráfico en Paraguay.
Mientras Brasil ejecuta operativos constantes y decomisa cantidades récord de drogas, las autoridades paraguayas presentan con bombos y platillos la captura de pequeños traficantes y la incautación de dosis irrelevantes de estupefacientes. Es un contraste abismal: mientras el vecino país asesta golpes certeros a las mafias, en Paraguay las acciones contra los grandes capos del narcotráfico brillan por su ausencia.
La connivencia de las fuerzas de seguridad paraguayas con el crimen organizado ha quedado en evidencia una vez más con la reciente denuncia de una «mexicaneada» de 430 kilos de cocaína. Según informaciones periodísticas, agentes de la Policía Antinarcóticos detuvieron a un ciudadano brasileño en noviembre de 2024 con la carga de droga, pero, en lugar de proceder legalmente, le exigieron un millón de dólares para liberarlo. La transacción se habría concretado, pero los uniformados nunca devolvieron la mercadería, quedándosela para su propio beneficio.
En cualquier país serio, un escándalo de tal magnitud provocaría la caída de la cúpula policial y de los responsables de la Senad. Sin embargo, en Paraguay, las autoridades han optado por minimizar el caso, lo que refuerza la sospecha de que estos arreglos turbios son parte del funcionamiento habitual de las fuerzas antidrogas.
Las pocas acciones visibles de la Senad y la Policía Antinarcóticos en el Alto Paraná suelen limitarse a la detención de vendedores de marihuana, crack o cocaína en cantidades irrisorias, mientras los verdaderos jefes del negocio siguen operando con absoluta impunidad. No hay estrategia, no hay inteligencia, no hay coordinación internacional: solo simulacros de combate al narcotráfico para justificar la existencia de instituciones que, lejos de luchar contra el crimen, parecen protegerlo.
En los escasos procedimientos de mayor envergadura, las motivaciones suelen estar más ligadas a presiones externas o a disputas entre los mismos narcotraficantes que a una verdadera voluntad de erradicar el flagelo. Diversas fuentes aseguran que existen pactos entre jefes de las fuerzas antidrogas y los principales grupos criminales, quienes pagan cuantiosas sumas a cambio de operar sin interferencias.
Esta falta de credibilidad ha llevado incluso a las autoridades brasileñas a desistir de operativos conjuntos con sus pares paraguayos. En su lugar, han optado por reforzar su propia frontera y decomisar los cargamentos apenas cruzan al territorio brasileño, dejando en evidencia la inoperancia de las fuerzas nacionales.
Los responsables de la Senad y la Policía Antinarcóticos insisten en que están realizando un «trabajo silencioso». Pero lo único que se escucha es el estruendoso fracaso de ambas instituciones. La corrupción dentro de estas estructuras es un secreto a voces y sus fracasos son innegables. La situación exige medidas urgentes: no bastan cambios cosméticos o declaraciones grandilocuentes. Es necesaria una reestructuración profunda que incluya la destitución de los responsables, la depuración de los cuadros corruptos y la implementación de un plan serio y efectivo de lucha contra el narcotráfico.
