TIEMPO EN ALTO PARANÁ

La corrupción en la Patrulla Caminera: impunidad que alimenta la extorsión

La situación de corrupción dentro de la Patrulla Caminera de Alto Paraná ha llegado a niveles alarmantes, como lo demuestran las reiteradas denuncias de extorsión que involucran a agentes apostados en el Km. 15 de la ruta PY02, en Minga Guazú. En lugar de cumplir con su misión de garantizar la seguridad vial, estos uniformados se han convertido en actores de una red de extorsión, que tiene como principal víctima a los conductores, especialmente a aquellos que desconocen la legislación, como los extranjeros. En este escenario, el Estado pierde, pero los agentes corruptos ganan, alimentando una cultura de impunidad que parece no tener fin.

Las denuncias de conductores que se ven obligados a pagar coimas para evitar sanciones ejemplifican una estructura de corrupción que no se limita a unos pocos, sino que se ha establecido como un modus operandi generalizado. Un claro ejemplo de esto se encuentra en los procedimientos con los conductores que dan positivo en los alcotest. Aunque la ley establece sanciones severas, la recaudación nunca llega al sistema, lo que sugiere que, en lugar de beneficiar al Estado, los fondos se destinan a los bolsillos de los agentes corruptos. El hecho de que no se registren multas a pesar de la cantidad de infractores atrapados en los operativos es una señal inequívoca de que la extorsión es el principal negocio de estos agentes.

Un equipo periodístico del Diario La Clave corroboró la gravedad de la situación al presenciar, en la madrugada del viernes último, cómo los agentes exigían un pago de G. 1 millón a un conductor en estado de ebriedad para permitirle continuar su camino sin enfrentar las consecuencias legales. Esta escena, vista por un medio de comunicación, demuestra que la labor de la Patrulla Caminera se ha pervertido por completo, convirtiéndose en un escaparate de corrupción y coimas.

Sin embargo, el problema no solo radica en los agentes corruptos. La cúpula de la Patrulla Caminera, bajo el mando del Inspector Mayor Ramón Torres, ha mantenido en sus cargos a los responsables de estos atropellos. A pesar de las numerosas críticas y denuncias, Torres sigue ejerciendo su cargo gracias al respaldo tácito de superiores como la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, y el director general de la Caminera, Eustacio González. La gestión de Torres está marcada por un historial de irregularidades, pero el silencio cómplice de las autoridades ha permitido que continúe al frente de la institución, sin que se tomen medidas efectivas para erradicar la corrupción.

En medio de esta crisis, el caos vehicular en la ruta PY02 sigue empeorando. La falta de control y regulación por parte de la Patrulla Caminera ha creado un escenario peligroso en el que los vehículos livianos quedan expuestos a constantes accidentes, especialmente en horarios nocturnos. La situación es aún más grave en el tramo urbano de Ciudad del Este, donde los camiones de gran porte obstruyen las vías y complican el tránsito, generando un ambiente de riesgo para todos los usuarios de la ruta. Las muertes y accidentes ocasionados por esta desidia son un testimonio de la ineficacia de la institución.

El caso de Ramón Torres es especialmente preocupante, no solo por su protección ante la corrupción, sino también por su postura en temas como el intento de prohibir las colectas de los bomberos voluntarios de Minga Guazú en la ruta, una medida que causó indignación en la población. A pesar de la fuerte desaprobación pública, Torres se mantiene en su cargo, demostrando que la impunidad está tan arraigada en la institución que ni siquiera las críticas más fundamentadas logran sacudir el status quo.

La ministra Claudia Centurión, por su parte, ha asegurado que las barreras de control de la Patrulla Caminera están prohibidas desde el inicio del Gobierno de Santiago Peña. Sin embargo, los operativos ilegales siguen realizándose bajo la excusa de patrullajes, lo que deja en evidencia que las órdenes superiores son sistemáticamente ignoradas, o lo que es peor, que existe un sistema de corrupción que les permite actuar impunemente.

Es hora de que las autoridades responsables de la seguridad vial y la lucha contra la corrupción se hagan cargo de esta situación. No se puede seguir permitiendo que una red de extorsión se mantenga en el seno de una institución destinada a velar por el orden y la seguridad de los ciudadanos. La impunidad que ampara a estos agentes y sus superiores debe ser erradicada de manera urgente, para que la Patrulla Caminera recupere su función esencial: garantizar el cumplimiento de la ley y la protección de los conductores.

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